Agrupación “Arica no se desaloja” acusaron falta de apoyo ministerial y retiro arbitrario de los subsidios habitacionales D49.
Por Leonardo Núñez
El desalojo de un grupo de viviendas en la región de Arica y Parinacota, fue uno de los temas que abordó la Comisión de Vivienda de la Cámara Baja en su última sesión.
Para esto, los legisladores que conforman la instancia parlamentaria recibieron a Gabriela Chamorro y Patricia Choquehuanca, de la agrupación “Arica no se desaloja”, quienes denunciaron que 120 personas quedarían fuera de sus hogares, acusando falta de apoyo ministerial y retiro arbitrario de los subsidios habitacionales D49.
La situación que afecta a estas familias surge de la aplicación de la Ley 17.635, que regula el cobro ejecutivo de créditos habitacionales. La norma faculta a los servicios de Vivienda a demandar la restitución de subsidios cuando se verifica que los beneficiados no habitan la vivienda.
Las dirigentas criticaron la forma en que ha actuado el Serviu de Arica y que la citada Ley no permite un juicio justo, pues da pocas posibilidades de defensa a las familias. Además, denunciaron que las fiscalizaciones se realizan en horarios en que la mayoría de las personas no están en sus hogares –a las 10 de la mañana– y que no se toman en cuenta las justificaciones válidas presentadas.
Desde el Ministerio de Vivienda, la asesora legislativa, Jeannette Tapia, aclaró que el Ministro Carlos Montes se reunió con una dirigenta, oportunidad en que explicó que no tiene facultades para intervenir, ya que esto se encuentra en sede judicial.
Además, dijo que en los casos judicializados se cumplió con todos los requisitos legales. Es decir, se realizaron las tres visitas inspectivas; se constituyó el título ejecutivo y se avanzó con la tramitación de los procedimientos judiciales.
No obstante, Jara compartió la apreciación que la ley da poco espacio de defensa y recalcó que el ministro planteó que no es posible modificar las situaciones actuales pero que, a futuro, sería pertinente impulsar un cambio legal considerando la antigüedad de la norma.
El escenario habitacional de Chile entre 2018 y 2025 exhibe una tragedia sistemática, y es que durante ese período, el número de familias en campamentos se disparó un 153 % entre 2019 y este año, según estudios del CEP; mientras, el déficit de vivienda formal supera las 490 mil unidades de acuerdo con el Censo 2024.
