Documento revela que el Ministerio de Vivienda advirtió impacto en su déficit presupuestario, mientras la Dirección de Presupuestos reconoce problemas de comunicación en el proceso de ajuste fiscal.
Por Leonardo Núñez
Un oficio reservado del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) encendió las alertas en el sector público, tras evidenciar la preocupación de la cartera por los recortes presupuestarios solicitados por el Gobierno. En el documento, enviado a la Dirección de Presupuestos (Dipres), se advierte que la reducción del 3% “profundiza el déficit presupuestario” y podría afectar el cumplimiento de compromisos del sector.
La comunicación, firmada por la subsecretaria Natalia Aguilar y fechada el 10 de abril, responde a la instrucción emanada desde el Ministerio de Hacienda —a través de Dipres— que exigió a todos los ministerios identificar áreas de ajuste en el marco de la política de austeridad impulsada por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast.
En su respuesta, el Minvu planteó concentrar el recorte en el Subtítulo 32 “Préstamos”, por un monto de $200.202 millones, correspondiente a financiamiento que se entrega a constructoras y desarrolladores para ejecutar proyectos habitacionales con subsidio. La cartera aseguró que la medida no afectará directamente los subsidios a las familias, pero sí limitará la capacidad de financiar nuevos proyectos en 2026.
El oficio también da cuenta de la compleja situación financiera del ministerio. Según se detalla, la deuda flotante alcanza los $225.284 millones, incluyendo programas regulares y el Fondo de Emergencia Transitorio de Valparaíso. Este escenario se suma a lo expuesto previamente por el ministro Iván Poduje, quien ha señalado que el 97% del presupuesto del Minvu está comprometido por deudas de arrastre de la administración anterior.
El ajuste propuesto impactará de manera transversal a los servicios de vivienda regionales (Serviu), con recortes significativos en distintas zonas del país. Además, el ministerio contempla reducir gastos en áreas como estudios, arriendos, honorarios, viajes y convenios con universidades.
Expertos advierten que la decisión de focalizar el ajuste en los préstamos puede tener efectos estructurales. El investigador Ignacio Aravena señaló a “La Tercera” que este mecanismo fue clave para sostener el Plan de Emergencia Habitacional en años anteriores, por lo que su reducción podría marcar el fin de una “bicicleta financiera” que permitió sostener el ritmo de proyectos pese a restricciones presupuestarias.
En paralelo, desde la Dipres surgió un reconocimiento implícito de errores en la comunicación del proceso de ajuste. El subdirector de Racionalización, José Ignacio Llodrá, admitió que el uso del término “descontinuar” en el oficio original generó confusión, señalando que el concepto correcto debía ser “reformular” programas, sin eliminar las políticas públicas asociadas.
La situación también ha tensionado la relación entre el Gobierno y actores políticos, luego de que se conociera que el oficio de Dipres sugería ajustes o reformulación en más de 400 programas públicos, lo que generó críticas desde distintos sectores por el eventual impacto social.
El presidente de la Cámara de Diputados, el oficialista Jorge Alessandri, sostuvo que el principal problema fue político y comunicacional.
“La Dipres alerta y te dice: ‘Hay que bajar’. Y hay que bajar no porque la ley de reconstrucción vaya a recaudar menos, hay que bajar porque el fisco, desde el gobierno anterior, tiene un problema de deuda importante”, afirmó en el programa Mesa Central de Canal 13. En esa línea, enfatizó que “hay que analizar cómo el Estado gasta cada peso, que es de todos los chilenos, de una mejor forma, y eso no tiene nada que ver con eliminar el ítem de gasto”.
La situación es clara, y fue el mismo ministro del Minvu, quién lo manifestó: el país está en una situación fiscal compleja, enfrentando un déficit presupuestario alarmante, con un 97% del presupuesto comprometido en deudas de la anterior administración.
