América Latina habla cada vez más de transición energética, mientras se anuncian nuevas inversiones en energías renovables, se impulsan estrategias de descarbonización y los países elevan sus compromisos climáticos. Sin embargo, existe una pregunta tan simple como incómoda: ¿cómo sabemos si realmente estamos avanzando? La respuesta es que no lo sabemos si no lo medimos.
La transición energética suele asociarse a parques solares, aerogeneradores y sistemas de almacenamiento de energía. Son los símbolos más visibles de un proceso que está transformando la forma en que producimos y consumimos electricidad. Sin embargo, detrás de estos avances existe un factor menos visible, pero igualmente decisivo: La infraestructura que permite que todo el sistema opere de manera segura, eficiente y confiable.
La transición hacia el hidrógeno verde se ha instalado en el debate público como una promesa de desarrollo sostenible, diversificación productiva y liderazgo climático para Chile. Sin embargo, bajo este escenario surge una pregunta ineludible y aún insuficientemente discutida: ¿quién paga realmente este cambio?.
La transición energética global no es solo una aspiración ambiental, sino una necesidad urgente frente al cambio climático. En este contexto, Chile se posiciona como un actor estratégico gracias a su riqueza en minerales críticos como el litio y el cobre, esenciales para tecnologías limpias como baterías, paneles solares y turbinas eólicas.