Desde propuestas de política pública hasta una coordinación regional inédita, el debate sobre infraestructura resiliente comienza a consolidarse como un eje estratégico para el desarrollo de Chile y América Latina frente al cambio climático y los desastres naturales.
Por Leonardo Núñez
Convertir la infraestructura resiliente en una política de Estado comienza a dejar de ser una consigna técnica para transformarse en una agenda concreta. Así lo refleja el documento “Propuestas para Políticas Públicas 2025”, suscrito por cinco instituciones del mundo de la construcción, la ingeniería y las políticas públicas, que plantea anticipar —y no solo reaccionar— a los riesgos que marcarán las próximas décadas.
La iniciativa, impulsada por la Cámara Chilena de la Construcción, el Consejo de Políticas de Infraestructura, el Colegio de Ingenieros de Chile, el Instituto de Ingenieros de Chile y el Instituto para la Resiliencia ante Desastres, parte de una premisa clara: en un país expuesto de forma permanente a terremotos, inundaciones, incendios y eventos climáticos extremos, diseñar y operar infraestructura resiliente es una inversión estratégica de largo plazo.
Las cifras refuerzan el diagnóstico. Según estimaciones de la gerencia de Estudios de la CChC, un solo evento catastrófico asociado al cambio climático que inhabilite apenas el 2% del capital productivo del país —equivalente a unos US$ 9.500 millones— puede generar efectos permanentes sobre el nivel del PIB. En escenarios donde la resiliencia se integra desde el diseño, esas pérdidas se reducen de manera significativa.
Desde el Grupo para la Infraestructura y Edificación Resiliente advierten que, aunque Chile es referente mundial en normativa sísmica, los desafíos actuales son más complejos. La convergencia de amenazas climáticas, hídricas, energéticas y sociales obliga a repensar cómo se priorizan y evalúan las inversiones en infraestructura, vivienda y equipamiento urbano. “Invertir en resiliencia es más rentable que pagar los costos de la inacción”, sintetizó Armando Holzapfel, presidente del grupo.
Este enfoque comienza a encontrar eco también a nivel estatal y regional. En dependencias de la Cepal se realizó recientemente el lanzamiento del Grupo de Trabajo sobre Infraestructura Resiliente en las Américas y el Caribe, instancia organizada por Senapred con la participación de autoridades nacionales, organismos multilaterales y representantes de distintos países.
En representación del Ministerio de Obras Públicas, el Director General de OO.PP., Boris Olguín, destacó que América Latina y el Caribe registran pérdidas anuales estimadas en US$ 58.000 millones en infraestructura, de las cuales cerca del 75% están asociadas a amenazas de origen climático. “No podemos seguir operando bajo una lógica reactiva; debemos garantizar la continuidad de los servicios esenciales que sostienen la vida cotidiana y la economía”, afirmó.
Olguín subrayó que los eventos extremos ya no son episodios aislados y recordó experiencias recientes en Chile, como la Mesa del Mataquito en el Maule y las obras de control aluvional en Antofagasta, donde se han aplicado criterios científicos, planificación preventiva y financiamiento internacional. A ello se suma la implementación de los Planes de Cambio Climático del MOP y el Plan Nacional de Infraestructura Pública 2055, que incorporan sostenibilidad y resiliencia en todo el ciclo de vida de las obras.
El punto de encuentro entre ambas miradas —la de los gremios y la del Estado— es claro: la resiliencia debe integrarse de forma transversal a la planificación urbana, la infraestructura productiva y la edificación, con coordinación público-privada y visión de largo plazo.
