El informe “Infraestructura para el Desarrollo Sostenible 2026-2035” de la CChC, advierte que el sistema penitenciario chileno enfrenta graves problemas de hacinamiento, infraestructura envejecida y déficit de plazas. La propuesta plantea construir 47 mil nuevos cupos.
Por Tomás Rodríguez Botto
El déficit de infraestructura penitenciaria comenzó a instalarse como una de las principales alertas dentro de la discusión sobre seguridad pública en Chile. Así lo plantea el informe “Infraestructura para el Desarrollo Sostenible (IDS) 2026-2035”, elaborado por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), que identifica un escenario crítico de hacinamiento, deterioro estructural y falta de capacidad en las cárceles del país.
Actualmente, el sistema penitenciario opera con una tasa promedio de ocupación de 146%, equivalente a cerca de 62 mil personas privadas de libertad para una infraestructura diseñada para poco más de 42.500 internos.
El diagnóstico advierte que, de no ejecutarse nuevas inversiones durante los próximos años, la sobreocupación podría llegar hasta 210% hacia 2035, profundizando las condiciones de hacinamiento y presión sobre el sistema carcelario.
El estudio también alerta sobre el deterioro de la infraestructura existente. Gran parte de los recintos penitenciarios tradicionales tiene una antigüedad promedio de 58 años, mientras que las condiciones de habitabilidad siguen lejos de estándares internacionales.
Actualmente, el promedio de espacio disponible alcanza apenas 22,3 metros cuadrados por interno. La meta proyectada para la próxima década busca elevar ese estándar a 37 metros cuadrados, por persona privada de libertad. El informe sostiene que la infraestructura penitenciaria no solo impacta las condiciones de reclusión, sino también, a la seguridad pública y a las posibilidades de reinserción social.
De hecho, el documento cita estudios que muestran que instalaciones penitenciarias adecuadas podrían disminuir la reincidencia delictual en hasta 36%.
Para enfrentar este escenario, la propuesta considera una inversión estimada en US$ 6.568 millones destinados a ampliar y modernizar el sistema penitenciario chileno.
La estrategia contempla la creación de 47 mil nuevas plazas carcelarias y la sustitución de otras 15 mil plazas deterioradas, con el objetivo de reducir la tasa de ocupación promedio a niveles cercanos al 100%. Entre los proyectos priorizados aparecen ampliaciones y nuevos recintos en distintas regiones del país.
Uno de los proyectos de mayor escala corresponde a Valparaíso, donde se proyectan 4.000 nuevas plazas con una inversión estimada en US$ 637 millones. La Región Metropolitana también considera 4.000 nuevos cupos bajo un presupuesto similar.
En el norte del país destacan los proyectos Calama 1 y 2, que suman 3.700 nuevas plazas penitenciarias, además de ampliaciones entre Alto Hospicio y La Serena. El plan incorpora además iniciativas en Rancagua, Talca, Ñuble, La Araucanía y la macrozona sur, incluyendo ampliaciones entre Valdivia y Puerto Montt.
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