La aceleración del plan para levantar nuevos penales se produce en el contexto de una sobrepoblación de reos que alcanza un alarmante promedio del 160 %.
Por Leonardo Núñez
El Congreso despachó a la ley el proyecto que permitirá reducir a la mitad los plazos de construcción y ampliación de recintos penitenciarios, con el objetivo de incorporar más de 15.000 nuevas plazas al sistema para el año 2030.
La iniciativa fue descrita por el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, como “importante, porque en las cárceles tenemos un promedio cercano al 160% de ocupación”.
La ley, fruto de un proyecto presentado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, exime al menos parcialmente de trámites e introduce facilidades para licitar y construir rápidamente nuevos establecimientos penitenciarios, así como ampliar los existentes.
Según el subsecretario, la medida “permitirá agilizar la construcción y ampliación de recintos penitenciarios, lo que es determinante para incorporar nuevas plazas al sistema y reducir la sobrepoblación penal”.
Hace años que los datos muestran que Chile enfrenta una crisis penitenciaria estructural. Según un estudio del Centro de Estudios Públicos (CEP) de julio de 2024, el uso de capacidad física en recintos cerrados es de 135 % a nivel nacional, y en varias regiones supera el 200%, según los estudios de CEP Chile.
En otro escaneo reciente, la ONG Libertad y Desarrollo advierte que “el hacinamiento en las cárceles chilenas podría llegar al 168%”.
El hacinamiento no solo implica condiciones físicas precarias, sino que también impacta la seguridad, la reinserción y el control interno. En los informes se advierte que los recintos operan con infraestructura deficiente, escasez de personal y múltiples niveles de riesgo para la administración penitenciaria.
Desde la mirada del sector inmobiliario y de construcción, esta ley abre un nuevo frente de inversión en infraestructura estatal de alto impacto. La aceleración de los plazos permitirá que contratistas, empresas de ingeniería y constructoras participen en contratos que antes demoraban años en licitación, obtención de permisos y ejecución.
Para el segmento de la construcción, esto significa una oportunidad de mercado significativa, ya que el Estado anticipa adjudicaciones rápidas para nuevos recintos y ampliaciones penitenciarias, lo que impulsará demanda de obra, diseño y soluciones tecnológicas aplicadas en recintos de seguridad.
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