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El PPD planteó un paquete de siete medidas para enfrentar el impacto económico del alza de combustibles, incluyendo un mecanismo que permita beneficiar directamente a familias con créditos hipotecarios.

Por Leonardo Núñez

En medio del impacto por el alza de los combustibles, distintos sectores políticos han comenzado a proponer medidas complementarias para aliviar el costo de vida. En ese contexto, el Partido por la Democracia (PPD) presentó una propuesta que incluye la devolución del IVA asociado a la compra de viviendas directamente a las personas, como una forma de apoyo a la clase media.

La iniciativa surge luego de que el Gobierno lograra despachar el proyecto para mitigar el incremento en los precios de los combustibles, en un escenario marcado por la presión inflacionaria derivada del conflicto en Medio Oriente y su impacto en los mercados energéticos.

Desde el espacio “ImpulsaPPD”, que reúne a exautoridades y dirigentes del partido, plantearon que las medidas actuales son insuficientes y que se requiere un enfoque más directo hacia las familias. “Si el país debe ajustarse, ese esfuerzo no puede seguir recayendo en la clase media y trabajadora”, señalaron.

Entre las propuestas, destaca la devolución del IVA por vivienda como un aporte directo al capital adeudado en créditos hipotecarios, lo que permitiría reducir la carga financiera mensual de los hogares.

Actualmente, el mecanismo de recuperación del IVA en viviendas está orientado principalmente a inversionistas o empresas inmobiliarias, a través del crédito fiscal administrado por el Servicio de Impuestos Internos (SII), y no beneficia directamente a quienes adquieren una vivienda para uso propio.

En ese sentido, la propuesta del PPD busca modificar este esquema para que el beneficio llegue de forma directa a las personas naturales, ampliando el acceso a este instrumento y utilizándolo como una herramienta de alivio económico en un contexto de alza generalizada de costos.

El paquete contempla además otras medidas, como la devolución del IVA en la canasta básica mediante un “bolsillo familiar electrónico” con un tope de hasta $60 mil mensuales por hogar, la eliminación de contribuciones para adultos mayores y cuidadoras, y una eventual reducción de las remuneraciones de altas autoridades del Estado.

Asimismo, se incluyen propuestas de carácter estructural, como una reforma tributaria con foco proinversión, la incorporación de inteligencia artificial en el aparato estatal y el impulso al emprendimiento femenino.

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