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En Chile y otros países han intentado enfrentar el problema, con dispar resultado. Académica sostiene que es necesario educar de lo importante que es el patrimonio arquitectónico en la memoria e identidad de una sociedad.

Por: Leonardo Núñez

Los rayados y graffitis están prohibidos por Ordenanzas Municipales, el Código Penal y la Ley N°17.288 sobre monumentos nacionales. Tienen penas asociadas a la propiedad pública y privada. Técnica y legalmente, no se pueden realizar sin permiso del propietario de los bienes donde se realizan. Sin embargo, estas ordenanzas parecen letra muerta.

No hay día en que no se registren rayados de trenes de Metro, muros particulares o edificios patrimoniales. Intentos por erradicarlos ha habido muchos. En 2019, en el segundo Gobierno del Presidente Sebastián Piñera se lanzó la campaña “Cero Rayados”. Y el más reciente es impulsado por la Gobernación de la Región Metropolitana, en una campaña enfocada en el eje Alameda-Providencia, a un costo de $540 millones.

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El proyecto cobraba relevancia a cuatro años del estallido social, periodo en que varios de los edificios emplazados en la Alameda fueron vandalizados y rayados, cambiando radicalmente sus fachadas. Este plan contempla eliminar los rayados máximo 48 horas después de su aparición. 

Los trabajos de limpieza tenían sus complejidades. Para poder intervenirlos, las empresas que forman parte del programa debieron solicitar una autorización al Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), pues de acuerdo con la Ley N°17.288, es aquel organismo el encargado de los trabajos de conservación, reparación y restauración.

Los grafiteros se defienden. Aseguran que lo suyo sí es arte, pero que se produce una confusión de los “tags” con el arte urbano. Uno es solo un rayado en la calle, mientras que otro expresa cultura, afirman.

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José Angel Brunel, arquitecto de la Universidad del Desarrollo, sostiene en Archdaily.cl, sitio especializado en patrimonio, que, en el caso de los graffits, estos “representan más que una simple pintura en la pared; el arquitecto y pintor Hundertwasser consideraba la acción del graffiti como algo tan natural, que admitía su existencia como elemento constitutivo de la vida y la vivienda”. Sin embargo, agrega que “en la en la sociedad actual entendemos estas manifestaciones como un arte marginal, debido a su condición de clandestinidad y anonimato; no es común ver quien los realiza, pero aparecen todos los días, están allí y forman parte del paisaje urbano y de nuestra cotidianidad”.

Para Loreto Lyon, directora de la Escuela de Arquitectura de la Universidad San Sebastián, casa de estudio que se encuentra organizando un conversatorio sobre el tema, “el graffiti en el patrimonio arquitectónico tiene un daño no solamente visual, sino que también material. Visualmente, porque agrede de alguna forma la obra, vandalizándola”. 

“Por otro lado, le hace un daño material. Para limpiar el graffiti del patrimonio arquitectónico es necesario lavarlo con métodos que van desgastando las capas materiales que lo compone”, explica a “El Diario Inmobiliario”.

Se han explorado alternativas de solución en distintas partes del mundo. Para Lyon es relevante “educar en este tema, desde a niños y adultos, de lo importante que es el patrimonio arquitectónico en la memoria e identidad de una sociedad”.

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En el marco de la discusión constitucional, la plataforma Vota Inteligente levantó una campaña, aunque con poca adhesión, en la que proponía medidas.

“Para evitar los rayados de graffiti en las casas o lugares públicos”, se planteó crear muros legales aislados y no tan a la vista, por lo menos uno en cada comuna, para que los “artistas” o “grafiteros” pudieran expresarse en ellos sin dañar el patrimonio. La medida buscaba replicar ideas similares desarrolladas en países de Europa, donde incluso se ha llegado a considerar a los grafiteros como un problema mundial por los costos asociados que implica lidiar con su “arte”.

En el municipio de San Sebastián de los Reyes, en Madrid, detuvieron a los “dos zares del graffiti”, acusados de pintar más de 250 paredes. Al informar la captura, la autoridades indicaron que en los últimos siete meses habían gastado 200 mil euros para limpiar muros. En Australia se ha calculado que, en su caso, el algunas ciudades estos costos se elevan a cerca de 1 millón 500 mil dólares por año, según la web Keep Australia Beautiful, al considerar la depreciación de los activos dañados. Una casa que tenga un muro lleno de grafitis vale mucho menos.

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Por lo mismo, en el país se puso en marcha un departamento especial anti-grafiteros (State Graffiti Task Force). Y a los niños, desde etapa escolar, se les enseña sobre el impacto medioambiental de los grafitis. Junto con ello, se prohíbe la venta de aerosoles y rotuladores a menores de 18 años, se ha creado un archivo de grafiteros y se castiga a los infractores con programas de limpieza. En el Estado de California, por su parte, los equipos de limpieza toman fotos de los dibujos o firma del grafitero y se geolocalizan. Ello facilita su identificación por la policía y puede ser usado en tribunales. Pero, como en Chile, el problema persiste y el fenómeno se ha incrementado en vez de disminuir. 

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