Producto de la crisis en seguridad que estamos cruzando en Chile y las proyecciones anunciadas por el Gobierno, que dan inicio de obras para nueva cárcel en Santiago el próximo año 2025, junto con cinco recintos penitenciarios y dos nuevas cárceles en Calama y Copiapó, el debate de cómo afecta a los territorios estas construcciones sigue creciendo.
El veto que ingresó el Presidente Gabriel Boric para modificar la ley que endurece las penas contra las usurpaciones de propiedades, es un claro ejemplo de las contradicciones con las que el Gobierno ha ejecutado su mandato. Ya que, si bien, la agenda de seguridad nunca fue parte del proyecto de la izquierda más radical, la contingencia nacional ha ido exigiendo un evidente revés en este ámbito.