La nueva normativa impondrá un nuevo estándar en materia de infraestructura vial en beneficio de conductores y pasajeros.
Por Leonardo Núñez
Con 137 votos a favor y solo 4 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó y despachó a ley el proyecto que modifica la norma de Concesiones de Obras Públicas. Ello obligará a las concesionarias viales a implementar sistemas de seguridad más robustos y tecnología de vigilancia avanzada en las rutas concesionadas del país.
La iniciativa, originada en el Senado, representa un giro normativo clave para mejorar la seguridad de millones de usuarios que transitan por las autopistas chilenas cada año.
La normativa señala que todas las nuevas licitaciones de obras viales deberán incluir en sus bases obligaciones explícitas de vigilancia, seguridad y asistencia. Esto implica la incorporación de cámaras de seguridad y térmicas, lectores de patentes, sistemas de iluminación inteligente y capacidades de monitoreo y respuesta ante emergencias.
Además, se faculta al Ministerio de Obras Públicas, en coordinación con los ministerios del Interior y Seguridad Pública, a modificar los contratos de concesión vigentes en un plazo de cinco años, con el objetivo de incorporar estos estándares a las 36 autopistas concesionadas que actualmente no contemplan este tipo de medidas.
Uno de los aspectos más destacados del proyecto es que las concesionarias deberán poner a disposición del Ministerio Público las imágenes y datos que registren sus sistemas, ya sea de forma manual o electrónica, en el marco de investigaciones penales.
Asimismo, se establece la obligación de coordinar en tiempo real con las policías, entregando datos como placa patente, marca, modelo y color de los vehículos en circulación, incluso cuando no se disponga de la matrícula. Este punto ha sido especialmente valorado en el contexto del aumento de delitos en carreteras, como robos a camiones, narcotráfico y tránsito de vehículos robados.
Durante el debate parlamentario, surgieron preocupaciones respecto a un eventual traspaso del costo de estas medidas a los usuarios, a través de alzas en los peajes. Sin embargo, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, descartó esa posibilidad, afirmando que las obras de adecuación de contratos serán financiadas por el Estado.
Los parlamentarios valoraron la aprobación del proyecto como un “upgrade” a la política de concesiones, afirmando que la seguridad vial no puede ser optativa. También hicieron un llamado a extender estas medidas a caminos rurales o laterales administrados por el Estado, donde también se reportan delitos y siniestros viales.
Asimismo, se planteó la necesidad de avanzar en la automatización de rutas en el norte y sur del país, incorporando tecnología que permita identificar flujos vehiculares, prevenir delitos y mejorar la eficiencia del tránsito.
