El 23 de febrero de este año, apareció en El Mercurio una noticia que no deja de alarmar por sus eventuales futuras consecuencias, así como el cambio de paradigma de la actividad de la construcción, del financiamiento de esta, del desarrollo y de la promoción inmobiliaria asociada. Se habría efectuado una denuncia del Servicio de Evaluación Ambiental contra una importante empresa minera por una supuesta falta contenida en la Ley 21.595 de delitos económicos y ambientales.