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El Ejecutivo decidió impugnar la norma originada en una indicación de la Cámara de Diputados, que busca eximir del impuesto territorial a los beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal.

Por Leonardo Núñez

El pago de contribuciones (o intento de no pago) vuelve a ser tema político y de debate legislativo. Pero esta vez la discusión llegó hasta el Tribunal Constitucional (TC). Esto, debido a que, en el marco de las votaciones finales de la Ley de Presupuesto 2025, los legisladores de la Cámara de Diputados aprobaron una indicación que eximiera del impuesto territorial a los adultos mayores beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal (PGU).

Los diputados decidieron despachar la Ley con esta indicación argumentando que la medida buscaba aliviar la carga fiscal sobre este sector vulnerable, tomando en consideración las dificultades económicas que enfrentan, especialmente ante el aumento de las contribuciones por los reavalúos fiscales.

“La situación es aún más compleja para los adultos mayores, porque como todos sabemos, las pensiones en nuestro país no son altas. Las dificultades que enfrentan son mayores, y muchos han tenido que vender su hogar de toda la vida debido a la imposibilidad de pagar las contribuciones y el riesgo de remate”, sostuvo la diputada Marlene Pérez (UDI) y presidenta de la comisión de Desarrollo Social.

La respuesta del Ejecutivo no se hizo esperar. Previo anuncio del ministro de Hacienda, Mario Marcel, el Gobierno recurrió al TC para impugnar la norma, ente donde ingresó un  recurso de inconstitucionalidad en contra de 14 normas del Presupuesto 2025.

El Ejecutivo alega que esas normas, entre ellas las de no pago de contribuciones, contienen vicios de constitucionalidad al regular materias que son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, los cuales vulnerarían los artículos 65 (incisos tercero y cuarto) y 67 de la Constitución.

Hacienda también indicó que al eximir del pago de contribuciones a adultos mayores con PGU, podría complicar operaciones tales como la compraventa de las propiedades a su nombre.

 

 

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