Por: Karina Araya V., Socia de GEDD Consultores.
Preocupantes son las cifras publicadas por el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), elaboradas a partir de datos de la Dirección General de Concesiones del MOP, las que muestran que el plazo promedio entre la adjudicación y el inicio de obras pasó de un año y dos meses entre 1992 y 2010, a dos años y siete meses desde 2011. Es más del doble.
No estamos hablando de un atraso marginal, hablamos de 17 meses adicionales de espera entre que el Estado adjudica una obra y que la primera máquina entra al terreno. 17 meses en los que un hospital, una carretera, un embalse o una línea de metro existen solo en el papel.
Por otra parte, en infraestructura el tiempo no es neutro, es plata, riesgo y es costo social. Desde una perspectiva económica, estos mayores plazos no son inocuos. Implican que la construcción se atrasa y esto tiene relevancia y efectos en lo económico y social, porque mantener por más tiempo garantías y financiamiento, postergar flujos esperados y aumentar la exposición a variaciones de costos y condiciones de mercado, es costoso.
Para una empresa concesionaria, eso significa tener capital inmovilizado, boletas de garantía vigentes por más del doble de tiempo y un equipo armado que no puede desplegarse. Para el sistema financiero, significa mayor incertidumbre y, por lo tanto, mayor costo del financiamiento. Ese mayor costo termina, inevitablemente, trasladándose a las tarifas, a las ofertas de las próximas licitaciones o a una menor cantidad de empresas dispuestas a competir.
A ello se suma que el retraso de la puesta en servicio significa postergar los beneficios que esas obras entregan al país. Cada mes de atraso en una ruta concesionada es un mes más de congestión, de accidentes y de pérdida de productividad. Cada mes de atraso en infraestructura hídrica o hospitalaria es un mes más en que las familias siguen esperando un servicio que ya fue prometido y adjudicado.
El problema no está en lo esencial, sino en la construcción misma. La industria chilena sabe construir y lo ha demostrado por décadas. El cuello de botella está antes: en la preparación, en la tramitación y en la gestión previa al inicio de obras.
Hablamos de permisos que se encadenan en lugar de tramitarse en paralelo, de expropiaciones que no llegan a tiempo, de consultas y autorizaciones ambientales que se extienden sin plazos ciertos y de proyectos que salen a licitación con ingeniería insuficiente y con riesgos mal asignados. Cuando eso ocurre, la adjudicación se convierte en el inicio de un nuevo proceso, en lugar de ser el punto de partida de la obra.
Revertir esta tendencia requiere, asimismo, una mirada desde las políticas públicas, orientada a recuperar capacidad en el desarrollo, gestión y preparación de los proyectos.
El Estado necesita volver a tener equipos técnicos robustos, con capacidad para preparar proyectos bien hechos desde el origen. No basta con anunciar carteras de inversión; hay que tener proyectos maduros, con terrenos saneados, con permisos avanzados y con evaluaciones económicas realistas.
Al mismo tiempo, una adecuada asignación de riesgos, mayor madurez de ingeniería y evaluaciones económicas tempranas pueden reducir la incertidumbre y evitar que esta termine traduciéndose en mayores costos, atrasos y controversias.
Asignar a cada parte el riesgo que mejor puede gestionar para no traspasarle todo el riesgo al privado por defecto, es clave para que las licitaciones vuelvan a ser atractivas y competitivas. Así como contar con ingeniería de detalle más avanzada al momento de licitar no se traduce en un gasto extra, sino más bien, es una estrategia para un mejor seguro contra sobrecostos y arbitrajes posteriores.
Chile construyó su prestigio en concesiones precisamente porque supo hacer eso: proyectos bien preparados, reglas claras y plazos que se cumplían. Recuperar esa disciplina requiere de una urgencia económica y social.
Si queremos que la infraestructura vuelva a ser motor de crecimiento y no fuente de frustración, el primer paso es simple y a la vez el más difícil: que el tiempo entre adjudicar y construir vuelva a ser de un año, no de casi tres.
