La institucionalidad debe avanzar en la prevención de nuevas ocupaciones mediante la gestión inteligente del suelo y un sistema de alertas tempranas, plantea investigación.
Por Leonardo Núñez
Un reciente informe publicado por el Centro de Estudios Públicos (CEP) concluye que las políticas de vivienda en Chile requieren una urgente actualización para hacer frente a la proliferación de campamentos, los cual hoy se han convertido en “una realidad estructural del paisaje urbano chileno”.
El documento, elaborado por Mauricio Salgado, investigador del CEP, advierte que para responder a este desafío ya no basta con políticas de subsidios reactivos: es urgente una actualización profunda de la política habitacional centrada en la prevención, el suelo y la institucionalidad.
El autor plantea que los campamentos no son episodios ocasionales, sino “síntomas de la incapacidad del modelo urbano vigente para absorber las nuevas demandas de vivienda”.
El CEP registra que una proporción significativa de ciudadanos señaló haber visto ocupaciones recientes en su entorno. Esta percepción, dice Salgado, condiciona la legitimidad urbana y cuestiona la planificación tradicional.
El informe señala que el crecimiento informal no sólo surge por falta de recursos de las familias, sino por vulnerabilidades institucionales: atrasos reglamentarios, carencia de seguimiento urbano y suelos públicos o privados que permanecen infrautilizados.
Una de las recomendaciones centrales del informe es el diseño de mecanismos predictivos de riesgo de ocupación. Salgado indica que “el Estado necesita sistemas de alerta temprana que identifiquen zonas con condiciones sociales, de precio o de vacío urbano propensas a ocupaciones”.
Estas alertas permitirían acciones preventivas —oferta de vivienda social, inspección reforzada, acompañamiento comunitario— antes de que el terreno sea tomado.
Además, el trabajo propone una política proactiva del suelo urbano: liberar terrenos, promover convenios públicos-privados para vivienda social, y desmontar barreras legales que impiden la densificación o usos mixtos de suelo en zonas urbanas consolidadas.
Aunque Chile posee programas como el Plan de Emergencia Habitacional (PEH) y subsidios DS49 / DS19, el informe advierte que estos enfoques son insuficientes para detener la expansión campamental. Salgado sostiene que “una política habitacional que sólo asiste no cambia las condiciones estructurales que permiten nuevos asentamientos”.
El autor propone reequilibrar el sistema hacia políticas integrales: combinación de instrumentos normativos, estimulación privada controlada, y una institucionalidad urbana capacitada para anticipar —no sólo reaccionar—.
Para desarrolladores y empresas del rubro, la transformación campamental plantea oportunidades y riesgos. Los terrenos periféricos podrían volverse objetos de intervenciones oficiales (expropiaciones, programas sociales), mientras que las políticas de densificación urbana y recalificación podrían abrir nichos en suelo urbano ya consolidado.
–En Chile, los propietarios enfrentan una menor carga financiera que los arrendatarios, lo que hace razonable mantener el esfuerzo de política pública orientado al acceso a la vivienda propia.
–La continuidad de los subsidios, el fortalecimiento de garantías estatales y la creación de nuevas líneas de financiamiento —como las de “pie cero” dirigidas a los más jóvenes— permitirían ampliar las oportunidades de acceso a la propiedad.
“Voces del CEP” (21 de octubre de 2025), coordinado por Mauricio Salgado, se puede leer en este link: https://www.cepchile.cl/investigacion/voces-del-cep-21-octubre-2025/.
