Por: Gerardo Ureta Campos, CEO EconoDataAI.cl, Ingeniero Industrial, PhD(c) en Industria Inteligente.
El escenario habitacional de Chile entre 2018 y 2025 exhibe una tragedia sistemática, y es que durante ese período, el número de familias en campamentos se disparó un 153 % entre 2019 y este año, según estudios del CEP; mientras, el déficit de vivienda formal supera las 490 mil unidades de acuerdo con el Censo 2024. Las cifras no son solo estadísticas sombrías: representan miles de familias que el Estado no ha logrado incorporar al mercado formal.
Pese a planes emergentes del Ministerio de Vivienda, la ejecución estatal ha sido incapaz de responder. Tras los incendios masivos del verano, el Ministerio solo entregó 53 viviendas reconstruidas de las casi 6.000 destruidas; el grado de ejecución presupuestaria fue menor al 1 %. Este dato revela lentitud y una debilidad institucional que acostumbra a arrastrarse frente a la urgencia social.
Ahora, la Comisión de Vivienda del Congreso ha citado al Ministro de Hacienda y a la Directora de Presupuestos, para que respondan por las deudas acumuladas del Minvu. Eso desnuda un problema estructural: el Gobierno del minuto a minuto y el déficit de planificación financiera, frente a demandas sociales crecientes. Muchos en el sector inmobiliario siguen esta noticia con preocupación, puesto que la propia institución estatal de vivienda acumula pasivos mientras los campamentos crecen es una señal de que el modelo está colapsando desde adentro.
Los permisos de edificación hoy demoran hasta dos años en algunas comunas, generando sobrecostos que encarecen y retrasan la oferta. Mientras tanto, el mercado privado se mantiene en contracción, porque las ventas de viviendas usadas y nuevas se han estancado por tercer año consecutivo, con una sobreoferta que supera los 110 mil departamentos sin vender a nivel nacional y precios que no logran ajustarse a la capacidad real de compra de los hogares. En este escenario, el gasto estatal en subsidios —que en algunos ejercicios ha bordeado el 4,6 % del PIB— sigue sin revertir el déficit ni contener el aumento sostenido de los asentamientos informales.
Lo que hoy se demanda no es más Estado, es un Estado “más ágil” menos intervencionista, con un rol regulador pero sin burocracia paralizante. Ambientar un sistema que permita que desarrolladores privados respondan más rápido al crecimiento urbano, que promueva vivienda asequible en arriendo con garantías, y que utilice subsidios focalizados —no paquetes universales ineficientes—, ese es el camino. Es preciso también liberar suelo regulatorio con claridad administrativa y reactivar el acceso al crédito mediante un sistema hipotecario menos riguroso.
En este medio donde se respira mercado inmobiliario, quiero emerger como interlocutor técnico. Sé que las propuestas se juzgan por su rigor y no basta con criticar al Estado; hay que ofrecer motores que el mercado pueda accionar. Mi punto de partida es sencillamente este: un Estado que no logra controlar su propio pasivo ni evitar el crecimiento acelerado de campamentos, no puede seguir pretendiendo resolverlo todo.
Que la Comisión cite al Ministro y a la Directora de Presupuestos por deudas del Minvu, es una alerta institucional. Es hora de que el sistema cambie y ese cambio pasa por liberar la iniciativa privada, reafirmar la propiedad y empujar un modelo de subsidios racionales, no de imposiciones estatales inconducentes.
