El diputado UDI Juan Fuenzalida -presidente de la instancia parlamentaria-, solicitó oficiar a la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, para conocer los motivos por los cuales se produjo el desfase.
Por Leonardo Núñez
Una demora de cuatro meses por parte de la Dirección de Presupuestos (Dipres), dirigida por Javiera Martínez. Esa sería la causa de la millonaria deuda que mantiene el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) con varias constructoras, en particular de la Región Metropolitana.
Así lo afirmó el jefe de la cartera, Carlos Montes, en la última sesión de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, hasta donde llegó con su equipo para detallar el monto de los pagos pendientes de su ministerio con el mundo de la construcción y las razones detrás de los retrasos.
Junto con señalar que la acusación de que el Minvu debía US$1.000 millones azuzó el debate sobre las obligaciones financieras vencidas, recordó que esa cifra no es real y aseveró que “estamos pagando en estos momentos”.
Tras las explicaciones de Montes, fue el turno de la jefa de la división de Finanzas del Minvu, Vania Navarro, quien indicó que el monto pendiente a pagar asciende a alrededor de US$139 millones.
Esto se concentraría en un 68% en la Región Metropolitana, un 10% en la Región del Maule, un 6% en Antofagasta y el resto en otras regiones.
En la sesión, además, el director del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región Metropolitana, Roberto Acosta, reconoció que se produjo un “desfase” en la recepción de un decreto presupuestario que la cartera requería en mayo, pero que llegó en septiembre.
Ante esta situación, el diputado UDI Juan Fuenzalida -presidente de la instancia parlamentaria-, solicitó oficiar a la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, para conocer los motivos por los cuales se produjo el desfase del decreto de presupuesto, “la falta de caja que dejó al Serviu Metropolitano”.
La situación es clara, y fue el mismo ministro del Minvu, quién lo manifestó: el país está en una situación fiscal compleja, enfrentando un déficit presupuestario alarmante, con un 97% del presupuesto comprometido en deudas de la anterior administración.
