El proceso involucra a 170 inmuebles levantados tras el incendio de 2024.
Por Leonardo Núñez
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) aseguró que la solicitud de un informe técnico acogida por el Segundo Juzgado de Garantía de Valparaíso, no implica la paralización del proceso de demolición de viviendas reconstruidas en el sector El Olivar, en Viña del Mar, una de las zonas afectadas por el megaincendio que golpeó a la Región de Valparaíso en febrero de 2024.
La resolución judicial surgió tras una petición presentada por la Constructora San Sebastián, empresa responsable de parte de las obras ejecutadas para familias damnificadas. El tribunal ordenó la elaboración de un informe pericial a cargo de un ingeniero o constructor civil, en momentos en que avanza el plan impulsado por el Minvu para demoler inmuebles que presentan deficiencias estructurales.
La medida se enmarca en un proceso que afecta a 170 viviendas construidas por la empresa privada. Algunas de ellas registraban un avance cercano al 80% al momento de iniciarse las demoliciones, cuyos trabajos comenzaron a fines de mayo.
A través de una declaración pública, el MINVU señaló que no ha sido notificado formalmente de la solicitud presentada por la constructora y sostuvo que la resolución judicial se limita a ordenar una diligencia probatoria.
Según la cartera, el contenido de la resolución “deja en evidencia que no se ha paralizado el proceso de demolición”, descartando así que exista una orden que suspenda las intervenciones actualmente en ejecución.
El ministerio también recordó que en los recursos de protección presentados por la Constructora San Sebastián y por la entidad patrocinante, Social Arquitectura, la Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó las solicitudes destinadas a detener los efectos del ordinario ministerial que ordenó las demoliciones y a impedir nuevas actuaciones vinculadas a esas obras.
La cartera reiteró, además, que los informes elaborados por la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional (DITEC) del Minvu y por el Instituto de Investigaciones, y Ensayes de Materiales (IDIEM) de la Universidad de Chile, concluyeron que las viviendas presentan fallas estructurales de gravedad.
En ese contexto, el ministerio sostuvo que la decisión de demoler responde a la necesidad de resguardar la seguridad de las familias afectadas y garantizar que las soluciones habitacionales cumplan con los estándares técnicos, exigidos para su reconstrucción.
