En un comunicado emitido en las últimas horas, la secretaría de Estado explicó que lo objetado corresponde a “estados financieros del año 2021 o anteriores” y que están en contacto con la entidad fiscalizadora a quienes “se les solicitó una reunión para aclarar los datos y criterios”.
Por: Leonardo Núñez
Polémica causó el reporte de la Contraloría General de la República que detectó desorden financiero en entidades públicas como municipios y ministerios por una suma de 17.300 millones de dólares, en los últimos cinco años.
De esa cantidad, $1.720.839.000 fueron objetados al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y atribuidos a un desorden financiero, lo que fue descartado de plano por la cartera liderada por el ministro Carlos Montes.
En efecto, la Contraloría General de la República objetó dichos recursos bajo el rótulo de “abstención de opinión”, es decir, no se “no se pudo emitir un veredicto porque la evidencia no era suficiente y adecuada para confirmar que los saldos de sus balances eran ‘razonables y confiables”, según publicó El Mercurio.
Desde la cartera emitieron un comunicado señalando que: “En la auditoría publicada por la Contraloría se informó de la revisión de estados financieros de 73 entidades públicas desde el año 2020 al 2024”.
“En el caso de los tres Servicios de Vivienda y Urbanización y el Parque Metropolitano de Santiago, los hallazgos corresponden a auditorías de estados financieros del año 2021 o anteriores. (…) Se menciona en dicho informe que, los recursos objetados en la “abstención de opinión” alcanzan los 1.720.839.000 de pesos en caso de este organismo público. Por lo tanto, los informes han generado distintas medidas e instancias según corresponda”, agregó.
Por ende, desde la cartera gubernamental indicaron que se encuentran “en contacto con la Contraloría General de la República, que nos hizo llegar los antecedentes y donde se les solicitó una reunión para aclarar los datos y criterios”.
La situación es clara, y fue el mismo ministro del Minvu, quién lo manifestó: el país está en una situación fiscal compleja, enfrentando un déficit presupuestario alarmante, con un 97% del presupuesto comprometido en deudas de la anterior administración.
