Los costos ocultos del fast track penitenciario en Chile pueden llegar a tener un impacto significativo en el presupuesto y la seguridad del país. Por lo que hay puntos claves que hay que observar y sopesar, antes de poner en marcha decisiones que agilizan los trámites.

Por ejemplo, qué dimensiones tiene la inversión inicial vs los costos operativos altos que conlleva. La construcción acelerada de cárceles puede generar altos costos, debido a la falta de planificación y la utilización de materiales de baja calidad. Esto puede llevar a un aumento en los gastos de mantenimiento y reparación, lo que puede afectar negativamente el presupuesto del Estado.

En tanto, en lo que concierne a la vida útil y materiales, hay que entender que la utilización de materiales baratos si bien puede reducir los costos iniciales, también puede generar mayores gastos en mantenimiento y reparación a largo plazo. Esto puede afectar la vida útil de las instalaciones penitenciarias y comprometer la seguridad de los reclusos y el personal.

Entonces: ¿cuál es el impacto presupuestario concreto?. El impacto del fast track penitenciario no se limita a la construcción, abarca de igual forma los próximos 20 a 30 años. Así, el costo de manejar las cárceles en Chile debe tomar referencias del costo promedio de encarcelamiento en América Latina y el Caribe, que es de aproximadamente 0,4% del PIB regional, versus en Chile, donde a nivel global es del 0,57% del PIB.

Todas estas aristas deben estar planteadas en la Cámara de Diputados de Chile, que aprobó un proyecto de ley que busca agilizar la construcción y mejora de cárceles para enfrentar la crisis de hacinamiento en las cárceles y de seguridad ante la creciente delincuencia. El proyecto establece mecanismos para reducir los trámites administrativos y permitir la aceleración de los plazos de ejecución en obras de ampliación, reparación y edificación de nuevas cárceles.

En definitiva, es fundamental considerar los costos ocultos del fast track penitenciario y asegurarse de que la construcción acelerada de cárceles no comprometa la seguridad y el bienestar ni de los reclusos ni del personal, pero aún menos, del presupuesto estatal.

Esperemos que levantar cárceles en predios fiscales, sea a conciencia considerando el panorama completo y no pensando en sólo agilizan leyes como una política parche ante las urgencias, porque si bien puede tener un impacto significativo, hay que generar mecanismos para asegurar de que la construcción acelerada de recintos penitenciarios, no comprometa la vida útil y la seguridad de las instalaciones.