
Por: Eduardo Ricci Burgos, abogado de Negocios.
El reciente anuncio de la construcción de una cárcel de máxima seguridad que contempla aumentar en 1.600 cupos la capacidad, para recibir reclusos en dos recintos diferentes en la comuna de Santiago, como respuesta del Gobierno a la agudización de la criminalidad en el país, es buena y necesaria, pero ¿tenía que ser en un terreno que se había solicitado para construir viviendas sociales?
En verdad no logro entender lo que pasa por la cabeza de algunas personas, especialmente de aquellos que toman ciertas decisiones. Sobre todo, las políticas.
En principio, me parece excelente que por fin se tomen medidas reales y efectivas para combatir la delincuencia, pensando que más cárceles ayudarán en tal sentido y no una política clara de educación y civismo en la sociedad, la revisión real de los antecedentes de las personas que ingresan a Chile, la creación de más y mejores oportunidades de trabajo que inhiban la delincuencia, entre otras tantas, incluso, a un altísimo precio, pues la totalidad de la obra tendrá un costo aproximado de $90 mil millones.
Sin embargo y, modestamente, el asunto de fondo es que con esta decisión, se han creado gratuitamente un nuevo problema, o más bien, han mantenido e incluso incrementado, un problema ya existente y latente.
Me refiero a la falta de viviendas sociales para los más necesitados, que presionan las usurpaciones de terrenos de propiedad de terceros, en donde paradojalmente, existe un superhábit de viviendas en el mercado de más de 150.000 unidades. Con $90 mil millones (y de seguro más) ¿cuántos proyectos de viviendas podrían hacerse?
El punto acá es creer que con más cárceles se puede detener la delincuencia y dar mayor seguridad a la población. Ello es un error. La solución es mejorar las condiciones sociales, de vivienda, de oportunidades y de educación para reducir los focos de delincuencia, no crear nuevos.
Por otro lado, una de las razones esgrimidas para esta medida fue que dicha zona se ha ido consolidando como un “barrio judicial” y un “barrio penitenciario”. En mi modesta opinión, creo que desde el punto de vista urbanístico, es un tanto peligroso tildar y estigmatizar un barrio de un apellido especial, dada la propia naturaleza, vida, diversidad y metamorfosis que suelen vivir los propios barrios en nuestro país a lo largo del tiempo.