La ley que se encuentra vigente desde el 2020 que regula los derechos y obligaciones del propietario y arrendatario de un inmueble entraría en una suspensión por parte del Ministerio de Economía.
Por: Tomás Rodríguez Botto
La Ley de Alquileres que fue aprobada por la Cámara de Diputados en noviembre del 2019 bajo el Gobierno de Mauricio Macri, presentaba dos cambios importantes en cuanto al mercado de arriendos: extender la duración de los contratos de dos a tres años, y además, convalidar una sola actualización al año del valor que se deberá pagar mensualmente, que se determina mediante una combinación de los salarios y la inflación.
Sumado a lo mencionado, también establece que el mes anticipado y el depósito de garantía no pueden ser mayores al valor del arriendo de un mes y crea el Programa Nacional de Alquiler Social para facilitar el acceso a una vivienda digna.
Estas medidas han llevado al Gobierno de Alberto Fernandez a pensar en suspender esta Ley de Alquileres, ya que no colabora con el dinamismo al arriendo en el mercado argentino. Esto debido a que se encuentran pocas unidades disponibles y tienen precios muy elevados, lo que obliga a actualizar el valor del alquiler de forma anual por lo que los propietarios están vendiendo sus propiedades con un valor menor ante la oferta existente.
En cifras, el aumento de los precios de arriendos de departamentos han subido de forma significativa. Durante el mes anterior llegaron a un 8,3%, en el primer trimestre del año alcanzó un crecimiento del 25,7% en los precios y, durante los últimos doce meses, el aumento de los nuevos contratos fue de 118,6%. Esto quiere decir que un arriendo que se pagaban 50 mil pesos argentinos ($185.000 pesos chilenos), ahora se pagan 90 mil pesos argentinos ($315.000 pesos chilenos).
El panorama no es de rápida y fácil solución, ya que el Gobierno no tiene las facultades para derogar una ley por decreto, por esta razón, la suspensión que se está debatiendo sería por 180 días.
En la misma línea en la Cámara de Diputados, ya fueron aprobados tres dictámenes para modificar la ley que tienen relación con la duración del contrato y que debería lograr bajar a dos años, junto con el periodo de reajuste del valor del arriendo que pasaría a ser de mutuo acuerdo.
También se esperan de parte del oficialismo, una serie de beneficios fiscales donde destacan que no se pagan bienes personales si las propiedades son mayor a 30 millones de pesos argentinos.
