
En conversación con el ex ministro de Vivienda y Urbanismo del Gobierno de Sebastián Piñera, repasamos los principales hechos que han marcado al Ministerio en materia de vivienda social, presupuesto y planes para ayudar al rubro. Temas que conoció de cerca.
Por: Renato Herrera Lagos
El abogado y político chileno militante del Partido Unión Demócrata Independiente (UDI), cosechó sus palmares en el servicio público en cargos complejos como lo fue el ser diputado por el Distrito Nº 3 (Región de Antofagasta, 2006 a 2018); ministro de Bienes Nacionales (2018 a 2019); ministro Secretario General de la Presidencia (2019 a 2020), y; ministro de Vivienda y Urbanismo (2020 a 2022) en el segundo mandato del Presidente Sebastián Piñera.
Presupuesto 2023 para el sector de Vivienda y Urbanismo: ¿cuál será el énfasis del Plan de Emergencia Habitacional de la actual administración?
Creo que es muy importante buscar medidas complementarias. El año pasado ya se ajustó el monto de los subsidios en función de la pertinencia, es decir, de las características especiales de cada proyecto. Creo que esto es muy relevante que se pueda continuar, porque hay que considerar que cerca del 80% de las empresas que participan en la ejecución de las obras de viviendas sociales por parte del Ministerio, se trata de pequeñas y medianas empresas, así que hay que ir en apoyo de ellas y de las familias. El buscar medidas complementarias creo que es algo positivo y es algo que hay que seguir explorando.
¿Qué opina sobre el 9,3% en aumento del Presupuesto para 2023?
Esperamos que las cifras económicas puedan ir mejorando. Lo que ha ocurrido en Chile, por algunas medidas que se han tomado, no ha dado respiro a propósito del concepto de su pregunta. Eso es algo que se debe corregir. Creo que las medidas que se han implementado, la falta de otras o la incertidumbre y certezas para las personas, está perjudicando al sector y eso se debe corregir.
¿Cree usted que esa señal es estratégica o muestra las reales intenciones del Gobierno de llegar a las 260 mil viviendas?
Lo que tiene que hacer un buen presupuesto es garantizar la ejecución del rol principal del Ministerio de Vivienda, que es la colaboración y construcción de viviendas sociales, y el mejoramiento de las mismas para poder validar el déficit tanto cuantitativo como cualitativo que existe en Chile. El presupuesto debe estar enfocado en eso y es lo que se ha hecho en los últimos años. Se ha comprendido que la política habitacional es una política de Estado y no una política del Gobierno de turno y eso es algo que debemos mantener. Creo que los parlamentarios lo han comprendido, el Ministerio de Vivienda y Urbanismos lo ha comprendido bien, y eso, es algo que esperamos se mantenga.
¿De las 260 mil viviendas que tiene como meta el Presidente Boric, están consideradas las que ustedes dejó en construcción?
Nosotros en marzo de este año dejamos en construcción 135 mil viviendas sociales. Desconozco, no manejo los datos actuales del Gobierno respecto a, si las 260 mil como meta consideran estas 135 mil o no.
El ministro Carlos Montes., señaló que el presupuesto busca acelerar el proceso de acceder a terrenos e iniciar las construcciones para viviendas sociales: ¿qué opina sobre esta política del Gobierno.
Lo que se requiere es darle continuidad a buenas políticas públicas. La política del banco de suelo creada bajo la administración del Presidente Piñera es algo que debe continuar y también presupuestariamente tiene que estar acompañada. Existiendo suelo público, reuniendo en el Serviu el suelo que están, en ocasiones, en otras reparticiones del Estado y también adquiriendo suelo público para la construcción de viviendas sociales aceleran enormemente el tiempo de espera y lo disminuye; ese es el fin más relevante, por eso la política del banco de suelo debe continuar y obviamente, cualquier medida que vaya en esa línea también debe comprenderse como una política de Estado y no de un Gobierno en particular.
La situación es clara, y fue el mismo ministro del Minvu, quién lo manifestó: el país está en una situación fiscal compleja, enfrentando un déficit presupuestario alarmante, con un 97% del presupuesto comprometido en deudas de la anterior administración.