Cámara Chilena de la Construcción y Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios advirtieron que obligar la instalación de mallas de seguridad aumentaría los costos de las viviendas y generaría falsas expectativas.
Por Leonardo Núñez
Una intensa discusión se vive en la Comisión de Vivienda y Urbanismo de la Cámara de Diputadas y Diputados a raíz del proyecto que busca modificar la Ley General de Urbanismo y Construcciones para obligar a instalar mallas de seguridad en ventanas de departamentos, con el fin de prevenir accidentes infantiles.
La iniciativa surge tras diversos casos de menores que han caído desde alturas en viviendas sin estos dispositivos, y concentra en su texto cinco mociones parlamentarias (boletines 12461, 15682, 16913, 17284 y 17588).
Durante la sesión del miércoles 31 de julio, expusieron representantes de dos gremios clave del sector: la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) y la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI). Ambos manifestaron su preocupación por la seguridad, pero criticaron la propuesta legislativa.
Desde la CChC indicaron que este tipo de regulaciones se establezcan en los reglamentos de copropiedad de los edificios, y no en una norma legal obligatoria que implique nuevas exigencias para los desarrolladores.
En esa misma línea, Slaven Razmilic, director ejecutivo de la ADI, aseguró que la medida no considera la diversidad de hogares ni el contexto demográfico actual.
Las cifras demográficas en Chile muestra que la proporción de hogares con niños ha disminuido significativamente en las últimas décadas. Según datos del Censo 2022, solo un 32,5% de los hogares en Chile tiene al menos un niño menor de 14 años, por lo que es complejo imponer una medida generalizada, como plantea la norma.
Los gremios, además, advirtieron que la instalación obligatoria de mallas podría interferir con la evacuación en caso de emergencia. En su lugar, se propuso facilitar el diseño constructivo para su instalación voluntaria, para, a su vez, evitar trabas en los reglamentos de convivencia, e incluso considerar ajustes técnicos como elevar la altura de las ventanas para mejorar la seguridad pasiva.
Ambos gremios coincidieron en que la responsabilidad debe recaer en los propietarios o arrendatarios y no en las inmobiliarias, y llamaron a debatir con una mirada más amplia sobre la seguridad infantil en los hogares.
El proyecto continuará su tramitación en la Cámara, donde parlamentarios han defendido la necesidad de contar con mínimos obligatorios de seguridad, al menos en los casos donde haya niños menores de 12 años.
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