“Los municipios tienen un rol central en la planificación territorial: incentivar la actualización de los instrumentos, como los planes reguladores que llevan años sin revisarse”, señaló Javiera Moncada, directora del centro de estudios de TECHO-Chile.
Por: Tomás Rodríguez Botto
Pese a que el Plan de Emergencia Habitacional(PEH) supera el 80% de avance general, en los campamentos se ha cumplido poco más de un cuarto de la meta, de las 40 mil previstas solamente se han entregado 11 mil hasta mayo de 2025. De hecho, el Catastro Nacional de Campamentos 2024-2025, elaborado por TECHO-Chile señala que más de 120 mil hogares viven actualmente en campamentos, la mayor cifra en casi tres décadas.
En ese contexto, con tiempos de espera que superan los once años en promedio para que una familia pueda acceder a una vivienda definitiva desde un campamento, se hace urgente diversificar las modalidades de solución habitacional.
En esa línea, Javiera Moncada, directora del centro de estudios de TECHO-Chile, advierte que “es clave fortalecer mecanismos de transitoriedad, como el arriendo protegido y los gastos de traslado transitorio —muy similares al subsidio de arriendo, pero administrados desde los municipios—, que pueden aliviar la espera y reducir los tiempos de exposición a condiciones de precariedad”.
Además, Moncada agrega que “la articulación con los gobiernos locales resulta fundamental, ya que son quienes implementan estos programas”. Ante este panorama resulta clave actualizar los planes reguladores, donde el 70% de los instrumentos reguladores en comunas con campamentos superan los diez años de plazo de actualización.
Cabe destacar que un 35% de los campamentos del país tiene más de 14 años de existencia, sumado a que la cantidad de familias viviendo en campamentos alcanza su nivel más alto en casi treinta años.
Ante este panorama, Javiera Moncada, directora del centro de estudios de TECHO-Chile, señala que “cualquier plan de radicación debe contemplar continuidad más allá de un solo Gobierno, ya que regularizar suelos, urbanizar y aprobar proyectos requiere plazos largos; segundo, las soluciones deben diseñarse pensando en la coordinación con distintas instancias, como Desarrollo Social, Obras Públicas o el Servicio Nacional de Migración, para abordar integralmente tanto la falta de vivienda como la exclusión de otros servicios esenciales”.
