El mercado inmobiliario chileno se enfrenta a una serie de modificaciones normativas y urbanísticas que marcarán el desarrollo de proyectos en el corto y mediano plazo. Los recientes cambios anunciados entre el 2 y el 30 de septiembre de 2024 por distintas entidades gubernamentales y municipales abren nuevas perspectivas y desafíos para desarrolladores, inversores y propietarios.
Según el reporte mensual de GGM Abogados, uno de los hitos más relevantes es la prórroga de permisos de subdivisión y loteo en Curicó, dictada por la SEREMI MINVU de la Región del Maule, que extiende por tres meses la postergación de dichos permisos. Esta decisión, aunque temporal, afecta directamente la planificación de nuevos desarrollos residenciales en una zona con alta demanda inmobiliaria, frenando proyectos y expectativas de inversión.
En la Región Metropolitana, la habilitación normativa de terrenos en Puente Alto, bajo la Ley Nº 21.450 sobre integración social y planificación urbana, se presenta como una de las iniciativas más significativas para el mercado. Esta ley busca incorporar criterios de integración social y gestión de suelo, facilitando el acceso a viviendas para sectores de menores ingresos y ofreciendo nuevas oportunidades para desarrolladores enfocados en proyectos de interés social.
El Plan Regulador Comunal (PRC) de Maipú también fue objeto de modificaciones que establecen precisiones sobre alturas permitidas y prohibiciones como la de apart hoteles en determinadas zonas. Estos cambios pueden influir en los valores de suelo y en la planificación de futuros desarrollos verticales en una de las comunas más dinámicas de la capital.
Asimismo, se ha anunciado el inicio de la Evaluación Ambiental Estratégica para la modificación del Plan Regulador Metropolitano de Concepción, abarcando un área de 347.000 hectáreas en la Provincia de Concepción. Esta evaluación podría impactar en la viabilidad de proyectos inmobiliarios a gran escala en la región, incrementando la necesidad de cumplir con exigentes normativas medioambientales.
Un punto adicional con alto impacto en el sector es la publicación del Decreto Supremo N° 33, que modifica la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC). Este decreto prorroga por 18 meses los permisos de construcción vigentes que aún no han iniciado obras, otorgando un respiro a aquellos proyectos retrasados, principalmente por dificultades financieras o de tramitación.
Finalmente, se destaca la aprobación de la Norma Técnica para la Construcción de Vivienda Industrializada, publicada el 26 de septiembre por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Esta norma impulsa el uso de tecnología en la fabricación y montaje de viviendas, lo que podría acelerar la ejecución de proyectos habitacionales y reducir costos, representando una oportunidad para el sector de la construcción.
Estos cambios normativos plantean retos y oportunidades para el desarrollo inmobiliario en Chile, exigiendo a los actores del mercado estar al tanto de las modificaciones y adaptarse rápidamente para aprovechar las nuevas condiciones regulatorias.
