Con el apoyo de maquinaria pesada se llevó a cabo el desalojo de la denominada “Toma VIP” en Quillota, lo que vendría siendo el primer cumplimiento dentro de la nueva jurisprudencia que resguarda el derecho de propiedad frente a la inactividad estatal.
Por: Renato Herrera Lagos
Un importante contingente de personal de Carabineros de Chile llegó al predio que pertenece a la familia Easton y que estaba tomado de manera irregular por varias familias (60), según el catastro de Carabineros, en el sector Santa Rosa de Colmo en Quillota.
Hablamos de la denominada “Toma VIP”, bautizada así por el robusto nivel de las construcciones en el predio, donde además, antecedentes dan cuenta de que muchas de las casas tienen la connotación de segundas viviendas. El desalojo se enmarca dentro del cumplimiento de la nueva jurisprudencia que resguarda el derecho de propiedad frente a la inactividad estatal.
Para la académica y abogada urbanista, Jeanette Bruna, este hito se debe considerar como “Un avance, toda vez que demuestra que atendida la flagrancia permanente de un ilícito, la autoridad pública coordinada siempre pudo y puede desalojar tomas ilegales (con respeto del estándar internacional de DDHH en materia de desalojo) y prevenir la formación de éstas”.
“sin necesidad de que la ciudadanía tenga que recurrir de protección ante Tribunales, para obtener el cumplimiento de los deberes legales que pesan sobre el Estado, respecto al resguardo del derecho de propiedad de los dueños cuyos terrenos terminan siendo ilegítimamente usados, no solo por quienes los ocupan ilegalmente, sino también, por el Estado que en el fondo por omisión permite el uso de esos terrenos para la cobertura de sus políticas públicas de vivienda, sin contraprestación ni acuerdo del ciudadano” afirma la abogada.
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Junto a ellos, consultamos a Bruna sobre el precedente que se marca tanto para las familias que habitan estos terrenos ilegales y los dueños de los terrenos, señalando que “definitivamente es un precedente positivo en la medida que la autoridad pública, actúe sin esperar sentencias que las condenen a actuar. Por un lado, se da una clara señal de persecución a los que cometen el delito de loteo irregular y se aprovechan de las necesidades de personas vulnerables, llegando incluso a estafarlas”.
Para la abogada este hecho “permite a las familias en situación de vulnerabilidad habitacional exigir al Estado el resguardo efectivo de su derecho humano de acceder a una vivienda adecuada, de manera de que la autoridad pública no asuma la vida en campamento como una solución real a la crisis de vivienda y de esa manera siga trabajando en dar cobertura, empleando a lo menos el mismo sentido de urgencia y toma de medidas que se utiliza para las catástrofes naturales porque, sin duda alguna, estamos frente a una y se debe enfrentar como tal”.
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Respecto a los dueños, Bruna cataloga como “un avance, porque ahora las autoridades no podrán excusarse de intervenir señalando -como lo hacían- que no podían actuar en terrenos privados, dado que los Tribunales ya señalaron que no sólo podían, sino que debían prevenir, sancionar y resguardar de los ilícitos a los dueños de terrenos”.
Cabe destacar que la toma se instaló en mayo de 2022 y la Corte de Apelaciones de Valparaíso, ordenó que en un plazo de cuatro meses a partir de marzo se hiciera abandono voluntario, d lo contrario se haría desalojo con fuerzas del orden público.
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Tras acabarse el plazo en julio, se extendió por un mes hasta cumplirse este 17 de agosto la fecha para desalojar la toma, lo que finalmente se adelantó en un día. Recientemente, la misma policía informó que algunas de las familias que abandonaron el predio levantaron viviendas frente al terreno ocupado.
