La falta de estándares mínimos y un registro oficial de corredores expone a los clientes a fraudes, conflictos legales y pérdidas económicas, advierten especialistas del sector.
Por Tomás Rodríguez Botto
El corretaje inmobiliario en Chile opera en un terreno de relativa informalidad. De los aproximadamente 15.000 corredores de propiedades activos, solo entre el 20% y 30% está vinculado a empresas reconocidas en el mercado. Esta situación deja a muchos clientes desprotegidos frente a prácticas fraudulentas o negligentes.
Denuncias ante el Sernac revelan casos en los que corredores han buscado firmar contratos irregulares, recibir solo parte de los pagos de garantía o canon de arriendo, o simplemente desaparecer sin responder por sus gestiones. La falta de estándares mínimos y supervisión formal se traduce, según expertos, en riesgos financieros y conflictos legales que podrían haberse evitado.
Yuval Ben Haym, director regional de REMAX Chile, director de ACOP y presidente del comité de franquicias de la Cámara de Comercio de Santiago, advierte que la confianza es la base del corretaje inmobiliario.
“Cuando la asesoría se limita a una transacción de dinero, se pierde el valor real del servicio. Comprar o vender una vivienda es una de las decisiones más importantes de la vida, y cualquier error puede tener consecuencias irreparables”, señala.
A diferencia de Chile, otros países de la región han implementado registros oficiales de corredores supervisados por organismos estatales. Perú y Brasil cuentan con sistemas regulados, mientras que Uruguay, Argentina y España aplican modelos similares, incluyendo formación especializada y seguros de responsabilidad civil que protegen a los clientes frente a posibles negligencias.
Según un estudio de ACOP, regularizar el sector no aumenta los costos de operación. Por el contrario, ordena la actividad, eleva los estándares de calidad y fortalece la confianza entre todos los actores, desde instituciones financieras hasta los clientes finales.
El último proyecto de ley en Chile que buscaba establecer regulaciones claras para el corretaje inmobiliario se discutió en 2018. Desde la industria, existe la expectativa de alcanzar un consenso que permita implementar protocolos de buenas prácticas y un marco normativo que proteja a los consumidores y profesionalice la actividad.
