La extensión por 12 meses, publicada en el Diario Oficial, resguarda cerca de 400 permisos de edificación que estaban próximos a vencer y que no habían iniciado obras, por restricciones financieras y alto stock acumulado en el mercado.
Por Tomás Rodríguez Botto
El Ejecutivo oficializó la ampliación por 12 meses adicionales de los permisos de edificación que estaban por caducar sin haber iniciado obras. La medida, formalizada mediante decreto supremo, busca evitar que proyectos habitacionales ya aprobados pierdan su vigencia en un escenario aún complejo para el sector inmobiliario.
Según la normativa vigente, un permiso de edificación tiene una duración de tres años desde su otorgamiento si las obras no se inician o permanecen paralizadas durante ese mismo período. En 2024 ya se había otorgado una prórroga extraordinaria de 18 meses, debido al impacto económico de diversas emergencias y al deterioro de las condiciones de financiamiento. Con esta nueva extensión, el plazo adicional acumulado alcanza los 30 meses.
El decreto reconoce que en los últimos años han persistido dificultades macroeconómicas y financieras, que han restringido el acceso al crédito hipotecario y al financiamiento de proyectos, lo que ha incidido directamente en la postergación del inicio de obras, pese a contar con permisos válidamente otorgados.
La medida permite mantener vigentes alrededor de 400 permisos de edificación a nivel nacional, muchos de ellos concentrados en la Región Metropolitana, para resguardar la continuidad de más de 50 mil viviendas que permanecían en carpeta. Desde el sector valoran la decisión como una señal de apoyo a proyectos, que ya completaron su tramitación técnica y urbanística.
“En términos concretos, esta medida permite resguardar la continuidad de alrededor de 400 permisos de edificación a nivel nacional, muchas de ellas concentradas en la Región Metropolitana, que arriesgaban caducar pese a contar con autorización válida y proyectos técnicamente desarrollados”, señala Sergio Correa, gerente inmobiliario de Colliers.
Desde el sector inmobiliario advierten que la prórroga permite evitar una contracción artificial de la oferta futura, al mantener vigentes proyectos que ya cuentan con aprobación técnica y permisos otorgados. De no haberse extendido los plazos, cerca de 400 iniciativas habitacionales habrían perdido su autorización, reduciendo potencialmente el volumen de viviendas disponibles en los próximos años y afectando inversión y empleo asociados.
Eso sí, el hecho de que la prórroga se haya ampliado desde los 18 meses otorgados en 2024 hasta completar 30 meses adicionales refleja que persisten dificultades
