El delito contra el comercio dejó hace tiempo de ser un fenómeno marginal o episódico. Hoy constituye un problema estructural que afecta de manera directa la operación, la seguridad y la sostenibilidad de miles de empresas en el país, desde supermercados y farmacias hasta grandes cadenas de retail. Los datos de 2025 así lo confirman y obligan a una reflexión más profunda sobre cómo enfrentarlo de manera efectiva.
Hoy nos encontramos en un estado de expectación respecto a las formas que adoptará la seguridad privada en Chile. La ley establece que todas las empresas designadas por resolución exenta como entidades obligadas, deberán implementar medidas de seguridad en cuatro dimensiones según el nivel de riesgo que representen para la seguridad pública: alto, medio o bajo, los cuales se han intentado definir a través de la propuesta de reglamento que actualmente se encuentra en revisión en la Contraloría General de la República.