Las familias chilenas tienden a optimizar la rentabilidad de sus inversiones sin incorporar adecuadamente la protección del patrimonio. Aunque Chile lidera la penetración de seguros en Latinoamérica, la mayor parte corresponde a coberturas obligatorias.
Por Redacción EDI
En Chile, la planificación financiera personal suele concentrarse en cómo hacer crecer el patrimonio: qué AFP elegir, qué fondos mutuos ofrecen mejor rentabilidad o cómo diversificar inversiones. Sin embargo, existe una brecha estructural que muchas familias ignoran hasta enfrentar una contingencia: la ausencia de coberturas adecuadas que protejan ese mismo patrimonio ante eventos adversos. Una invalidez o fallecimiento puede modificar completamente la estabilidad financiera de un hogar si no existe protección suficiente.
Según MAPFRE Economics (2024), Chile presenta una penetración de seguros equivalente al 4,6% del PIB, la más alta de Latinoamérica. No obstante, esta cifra está fuertemente influenciada por los seguros previsionales obligatorios, como las rentas vitalicias y el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS), que representan más del 65% de las primas de vida de acuerdo con datos de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Al aislar estos componentes, la cobertura voluntaria de seguros de vida, invalidez y enfermedades de alto costo muestra niveles considerablemente más bajos.
Desde Alfredo Cruz & Cía, explican que la tendencia a priorizar inversiones por sobre la protección responde, en parte, a que el seguro no genera un beneficio inmediato y visible. “La rentabilidad es medible y comparable, mientras que la protección opera en el ámbito de la prevención. Muchas personas concentran su planificación en el crecimiento del patrimonio, sin integrar adecuadamente la gestión de riesgos que pueden afectarlo”, señala Kattia Vásquez, subgerente de Gestión Patrimonial de Alfredo Cruz & Cia.
La ejecutiva agrega que en Chile existe mayor conciencia para asegurar bienes físicos –como el automóvil o una propiedad asociada a un crédito hipotecario– que para proteger la capacidad de generar ingresos. “El patrimonio no solo está compuesto por activos, sino también por los flujos futuros. Si la capacidad de generar ingresos se ve afectada, el plan financiero completo se tensiona”, explica.
Desde una perspectiva técnica, la protección patrimonial implica identificar riesgos y definir qué parte del patrimonio debe resguardarse para enfrentar periodos complejos, como cesantía prolongada, invalidez o enfermedades graves. “Lo primero es fijar plazos y objetivos dentro de la planificación global. Una vez definidos los flujos futuros necesarios, se deben identificar los riesgos que podrían impedir su cumplimiento”, sostiene Vásquez.
El costo de no contar con protección adecuada puede ser significativo. “Ante un evento inesperado, muchas familias se ven obligadas a liquidar inversiones o vender activos en condiciones desfavorables. No se trata de una mala estrategia de inversión, sino de una ausencia de cobertura que termina deteriorando el patrimonio acumulado durante años”, afirma.
A ello se suma otro fenómeno frecuente: el subaseguramiento o la contratación fragmentada de pólizas sin una visión integral. “Algunas personas acumulan seguros sin claridad sobre las coberturas reales que tienen. Pueden creer que están protegidas, pero no necesariamente en proporción a su nivel de deuda o responsabilidades familiares. La protección debe ser parte de una estrategia coherente, no decisiones aisladas”, concluye.
