El Gobierno de Pedro Sánchez prepara un Real Decreto-Ley, para regular el mercado del alquiler en España con incentivos fiscales, controles de precios y límites a los contratos por habitaciones, mientras avanza un plan de 10.700 viviendas públicas en Madrid.
Por: Tomás Rodríguez Botto
El Gobierno de España ultima un nuevo Real Decreto-Ley, orientado a fortalecer la protección de inquilinos y propietarios, y a frenar la especulación en el mercado del alquiler en un contexto de fuerte presión sobre los precios de la vivienda. La iniciativa combina incentivos tributarios, mayor regulación de los contratos temporales y restricciones a la fragmentación de viviendas, con el objetivo de ampliar la oferta de arriendos estables y asequibles.
Una de las principales medidas contempla incentivos fiscales en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), para aquellos propietarios que renueven contratos de alquiler sin aumentar el precio. Con ello, el Ejecutivo busca fomentar la estabilidad contractual, contener las alzas y generar mayor certeza para jóvenes y familias. Desde el Gobierno advierten que “cada año, cientos de miles de personas firman o renuevan contratos en un mercado cada vez más voraz”, una dinámica que este decreto pretende corregir.
Otro eje central apunta al alquiler de temporada, modalidad cuyo uso ha crecido con fuerza en ciudades como Madrid, Barcelona, Cádiz o San Sebastián. En las denominadas “zonas tensionadas”, se establecerán controles de precios y un régimen sancionatorio para quienes incumplan la normativa. La medida busca evitar contratos de corta duración que se renuevan anualmente con aumentos sistemáticos, pese a existir una clara vocación de residencia habitual.
El decreto también pone el foco en el alquiler por habitaciones, una práctica que, según el Ejecutivo, se ha utilizado para eludir la regulación vigente y maximizar rentas. Para limitar estos abusos, se establecerá que la suma de las habitaciones no pueda superar el valor del arriendo de la vivienda completa y, en zonas tensionadas, estos contratos quedarán sujetos a los mismos controles que los alquileres tradicionales.
En paralelo a estas medidas regulatorias, el Gobierno español inició las obras del Nuevo Barrio de Campamento, en Madrid, un proyecto de largo aliento cuya planificación se remonta a 1989. El desarrollo, impulsado por Casa 47 —la nueva Entidad Estatal de Vivienda—, contempla la construcción de 10.700 viviendas públicas asequibles, una de las mayores iniciativas habitacionales de la capital, orientada a ampliar la oferta y reducir la presión del mercado.
Con este paquete de medidas, el Ejecutivo busca ordenar el mercado del alquiler, proteger a los inquilinos y avanzar en el acceso a una vivienda digna, un desafío compartido por varios países europeos y que también observa con atención el sector inmobiliario chileno. El decreto deberá ser convalidado por el Congreso español para entrar en vigor.
En cifras recientes se ha dicho que la tasa de ocupación de propiedades en arriendo alcanzó su nivel más alto desde 2022, casi el 98%. Esto tiene dobles lecturas, la necesidad de independencia de las generaciones nuevas, pero también la imposibilidad actual de adquirir una propiedad.
