Un estudio de la consultora Colliers advierte que las tomas de terreno generan un fuerte deterioro del valor inmobiliario, afectando tanto a los predios ocupados como a su entorno. La megatoma de San Antonio aparece entre los casos con mayor impacto en el país.
Por: Tomás Rodríguez Botto.
Las tomas ilegales de terrenos no solo representan un conflicto social y urbano, sino que también, provocan un severo daño económico en el mercado inmobiliario. Así lo concluye un análisis elaborado por la consultora Colliers, que cuantifica el efecto directo de estas ocupaciones en la depreciación del suelo, con caídas que pueden alcanzar hasta un 40% en determinados sectores.
“Una toma de terreno afecta de manera significativa el valor del suelo inmobiliario, tanto en el área ocupada como en los predios aledaños. El impacto se explica por la percepción de inseguridad, la conflictividad social y las restricciones para el desarrollo inmobiliario, ya que se dificulta la obtención de permisos y disminuye el interés de inversionistas. Además, se genera deterioro urbano por acumulación de basura, falta de servicios y consolidación de la informalidad”, explica Sergio Correa, Gerente Inmobiliario de Colliers.
De acuerdo con el análisis, el impacto en el valor del suelo no es homogéneo y depende fuertemente de la localización del terreno y su nivel de consolidación urbana. Mientras en sectores bien conectados la pérdida tiende a ser menor, en áreas periféricas el daño económico se profundiza y se vuelve más persistente en el tiempo.
El ejecutivo detalla que “en zonas céntricas, donde la demanda y la conectividad son altas, la caída en el valor suele ser moderada, porque la ubicación sigue siendo atractiva, aunque el riesgo jurídico y social reduce la plusvalía. En cambio, en zonas periféricas donde la consolidación urbana es baja, el impacto es mucho mayor porque la toma refuerza la percepción de precariedad y baja seguridad. Las estimaciones indican que la reducción puede variar entre un 20% y un 40% en zonas periféricas, mientras que en zonas céntricas se ubica entre un 10% y un 25%, dependiendo de la extensión y permanencia de la toma”.
Entre los casos más emblemáticos, Colliers identifica la megatoma de San Antonio, en la Región de Valparaíso, que involucra a más de 3.900 familias y ha alcanzado una alta visibilidad pública. Esta ocupación ha afectado terrenos con potencial habitacional y logístico, generando incertidumbre jurídica y paralizando iniciativas de desarrollo.
A nivel nacional, el fenómeno se repite en distintas regiones. En la Región Metropolitana, tomas en comunas como Cerrillos y Maipú han frenado proyectos en antiguos paños industriales y zonas de expansión urbana. En el norte, la ocupación prolongada de terrenos en Calama ha impactado suelos de alto interés comercial, con litigios que se extienden por más de ocho años.
Mientras que en el sur, sectores como Padre Las Casas y Ercilla, en La Araucanía, registran efectos tanto en suelos urbanos como agrícolas, mientras que en zonas costeras como Constitución y Caldera el daño alcanza terrenos turísticos y residenciales.
