Empresa afectada indicó que “es víctima del delito de usurpación” y que ya “no está dispuesta a financiar el costo de implementar una mala política pública”. 4 mil familias deberán abandonar los terrenos.
Por Leonardo Núñez
La paciencia se agotó. La Inmobiliaria y Constructora San Antonio S.A. indicó que ya no está dispuesta a seguir esperando por la devolución de sus terrenos ocupado por la denominada megatoma de San Antonio. Y que decidió activar la solicitud de desalojo.
“Lamentamos la actitud del Ministerio de la Vivienda, que ha dilatado durante más de seis meses las conversaciones técnicas sin proponer ninguna alternativa viable de solución para la empresa y para las personas que mantienen una ocupación ilegal de nuestro terreno a lo largo de seis años, desde octubre de 2019″, indicó la empresa.
En esa línea, apuntaron contra el gobierno, afirmando que las autoridades “no pueden pretender que sea una empresa privada la que financie, a costa de su patrimonio, una política habitacional”.
“Nos condolemos de las familias que esperaron una solución a su problema habitacional, pero, agregaron, que son “víctima del delito de usurpación” y que la firma lleva “seis años tratando por todas las vías de recuperar su terreno y no está dispuesta a financiar el costo de implementar una mala política pública”.
Ante ello, esperan que “impere el Estado de derecho y se restablezca nuestro derecho a la propiedad”.
Según datos de las autoridades, hoy son 4 mil las familias que habitan en el lugar y que deberán hacer abandono del terreno. El pasado viernes, el ministro de la Vivienda, Carlos Montes, sostuvo una reunión con los dueños del terreno, Ricardo Posada y Esteban Solari, ocasión en la que evaluaron distintos escenarios.
En la ocasión, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, que también participó de las negociaciones, informó de las implicancias de un posible desalojo, como por ejemplo la posible participación de más de mil efectivos de Carabineros para esta acción.
El abogado Diego Pereira-Fonfach, representante de los propietarios de inmobiliaria y constructora San Antonio, expuso, en tanto, que el principal problema no es el precio del terreno, sino la ausencia de un mecanismo de financiamiento claro por parte del Gobierno.
Empresa afectada indicó que “es víctima del delito de usurpación” y que ya “no está dispuesta a financiar el costo de implementar una mala política pública”. 4 mil familias deberán abandonar los terrenos. Por Leonardo Núñez La paciencia se agotó. La Inmobiliaria y Constructora San Antonio S.A. indicó que ya no está dispuesta a seguir […]
