La iniciativa, aprobada por amplia mayoría en la Cámara de Diputados, busca endurecer las penas por daños en cárceles y reforzar la seguridad en recintos penitenciarios en un contexto de creciente complejidad delictual.
Por Leonardo Núñez
La Cámara de Diputados aprobó y despachó al Senado el proyecto de ley que aumenta las sanciones para quienes destruyan infraestructura penitenciaria o bienes al interior de estos recintos.
La iniciativa —boletín 16.944— fue respaldada por 142 votos a favor y una abstención, quedando en condiciones de iniciar su segundo trámite legislativo.
El proyecto busca fortalecer la protección de las cárceles en un escenario marcado por el aumento de la violencia intrapenitenciaria y los daños a instalaciones críticas. La moción también fue suscrita por otros parlamentarios de distintos sectores.
La iniciativa surgió tras los disturbios registrados en el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (Repas), hechos que evidenciaron la vulnerabilidad de este tipo de infraestructura frente a acciones destructivas al interior de los recintos.
El texto modifica el Código Penal para incluir de forma explícita los daños a infraestructura penitenciaria dentro de los delitos contra la propiedad, estableciendo penas más severas. En concreto, se contempla reclusión menor en su grado medio a máximo (desde 541 días hasta 5 años), además de multas que van entre 11 y 20 UTM, cuando el daño supere las 40 UTM.
La propuesta también incorpora como bienes protegidos las instalaciones, dependencias y bienes muebles destinados al funcionamiento de los establecimientos penitenciarios, reconociendo su rol clave en el sistema de seguridad pública.
Durante la discusión parlamentaria, diversos diputados coincidieron en que la destrucción de infraestructura carcelaria no solo implica un daño material, sino que constituye una amenaza directa a la seguridad de funcionarios de Gendarmería de Chile y de las personas privadas de libertad.
Asimismo, se planteó que endurecer las sanciones envía una señal clara respecto a la gravedad de estos hechos y busca desincentivar conductas que afectan el control y funcionamiento de los recintos penitenciarios.
No obstante, algunos parlamentarios manifestaron dudas sobre la efectividad de la medida, señalando que el aumento de penas podría no ser suficiente para disuadir a internos de alta peligrosidad. En ese sentido, propusieron complementar la iniciativa con medidas estructurales, como mayor dotación de personal, mejoras en las condiciones laborales y una mejor segregación de la población penal.
Con su paso al Senado, la iniciativa abre una nueva etapa de discusión legislativa, donde se espera que se evalúe su alcance y se incorporen eventuales ajustes para fortalecer la protección de la infraestructura penitenciaria y mejorar las condiciones de seguridad en el sistema carcelario.
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