La iniciativa surge por mociones de senadores y quedó en condiciones de cumplir su segundo trámite en la Cámara de Diputados. Durante el debate se pudieron observar las diferentes posturas sobre la tipificación de las penas y se analizó la evolución de los delitos asociados a tomas y loteos irregulares.
Por: Renato Herrera Lagos
La honorable Cámara de Diputados pasó a segundo trámite el proyecto de ley que regula los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles, fijando nuevas penas, formas comisivas e incorporando mejores mecanismos de restitución de las usurpaciones, luego que la Sala del Senado despachara el texto en particular tras un amplio debate.
En primer término se dieron por aprobadas todas las normas aceptadas por unanimidad y que no fueron objeto de indicaciones ni modificaciones. Mientras que en votaciones de mayoría, se despachó el resto del texto en similares términos en los que fue aprobado por la Comisión de Seguridad Pública.
El texto indica sobre “el bien jurídico a proteger”, con la distinción de penas por usurpaciones con violencia en las personas versus las que se ejercen sobre las cosas, así como la actualización y la coherencia de los tipos penales que aborden los nuevos contextos de delitos de loteos irregulares también conocidos como brujos, fueron algunos de los temas abordados durante el debate.
La iniciativa tuvo su génesis en dos mociones: una de los senadores Felipe Kast y las ex senadoras Marcela Sabat y Ena Von Baer; y otra de los senadores Carmen Gloria Aravena, Francisco Chahuán, José García Ruminot y Kenneth Pugh.
En el debate se recordó que esta iniciativa adquirió especial importancia tras el asesinato del empresario viñamarino, Alejandro Correa, por parte de un sicario a raíz de un pleito judicial que impulsó tras la toma de sus terrenos en Quilpué. De igual manera se hizo presente que las tomas de terrenos tienen su origen a mediados del siglo XX, debido al déficit de viviendas; mientras que las usurpaciones en La Araucanía se registran, desde el retorno de la democracia a través de diversos gobiernos.
En cualquier caso hubo coincidencia en el sentido que la legislación actual data de hace casi un siglo y es preciso adaptarla a los nuevos desafíos
Para el senador Felipe Kast en su calidad de presidente de la Comisión de Seguridad, la iniciativa busca principalmente sancionar con presidio toda hipótesis de usurpación; extender el período de flagrancia tratándose de este delito; permitir, tanto durante la investigación del delito como al presentarse demanda civil, la restitución anticipada del inmueble ocupado; y autorizar la aplicación de técnicas especiales de investigación en la persecución de las usurpaciones.
Asimismo, dentro de los objetivos está castigar con penas de presidio la celebración con engaño de compraventas o arrendamientos de sitio ocupado ilegalmente, modificar la Ley General de Urbanismo y Construcciones, para sancionar al ocupante ilegal que pretenda transferir el dominio de lotes de terrenos tomados.
Igualmente de importante es incorporar restricciones en las normas para regularizar la pequeña propiedad raíz, mientras exista juicio pendiente por usurpación y hacer inaplicables las reglas sobre detención y flagrancia contenidas en esta iniciativa, respecto de quiénes habitan en campamentos catastrados hasta el año 2022.
Por su parte, la ministra del Interior Carolina Tohá, comentó sobre la importancia de generar certezas y explicó que las principales divergencias tienen que ver con el tratamiento que se le da a la usurpación no violenta: “se abre la posibilidad de mayor confrontación ya que un propietario podría organizar un grupo privado para recuperar un inmueble y eso es casi incitar la justicia por sus propios medios”.
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