Por: Paola Valencia, arquitecta y MSc Environmental Design aEngineering, UCL
El año 2020 el Estado de Chile se comprometió a ser carbono neutral para el año 2050. En ese contexto se le asignó un 17% de responsabilidad al sector construcción en medidas relacionadas a reducir consumo de energía y, por ende, emisiones en la etapa de operación de la edificación.
Sin embargo, el sector construcción tiene importantes impactos no sólo en globales al aire, sino que, en emisiones locales, extracción de recursos naturales, consumo y contaminación de agua y generación de residuos que deterioran el ecosistema.
Empero, no hemos visto en estos años, los cambios regulatorios necesarios para movilizar al sector a generar las modificaciones necesarias para reducir su impacto, a pesar de haber experimentado importantes aportes y avances realizados años anteriores con esfuerzos regulatorios, como la reglamentación térmica del 2007 y los Planes de Descontaminación Atmosférica desde los años 2015, que movilizaron a la industria de la aislación, ventanas y servicios asociados.
Así también, se pudo observar un importante incremento de venta de paneles solares térmicos, con el Reglamento de la Ley 20.365 el año 2011 y en el caso de los sistemas fotovoltaicos el año 2018, con la publicación de la Ley 21.118. Estas decisiones políticas han permitido años anteriores, la penetración de criterios de sustentabilidad en la industria de productos y servicios, siendo importantes movilizadores de mercado, además de aportar a la reducción de sus impactos.
Sin embargo, hoy vemos al Estado estancando en lo que respecta al avance en regulaciones como la reglamentación térmica, el reglamento de aguas grises, el reglamento para gestión de residuos de construcción, la falta de actualización del listado de soluciones constructivas, falta de incentivos para procesos y proyectos de bajo impacto, entre otras.
Así, mientras el Estado está parado la industria se ha esforzado en avanzar en forma independiente apoyada por certificaciones voluntarias, que les permite destacarse en el mercado y acceder a beneficios financieros. Esto ha llevado a que más de 300 edificios en proceso de certificación CES, más de 500 proyectos registrados LEED, más de 100 proyectos registrados CVS y más de 80.000 unidades de vivienda con Calificación Energética.
Por mientras miramos cómo los países de la región van avanzando en estos temas. Un ejemplo de esto es Colombia, que hoy cuenta con reglamentos para promover la construcción sustentable, estableciendo metas de reducción de consumo de energía, metas de reducción de generación de residuos, cuentan con reglamento que permite valorizar RCD y los áridos, reglamentos para reciclar el agua.
Complementario a lo anterior el año 2022 se publica la ‘Hoja de Ruta Nacional de Edificaciones Neto Cero Carbono’ (2022). Hoja impulsada por el Estado con el apoyo del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, el World Resourse Institute y otros organismos como la Cámara Colombiana de la Construcción y complementario a lo anterior, cuentan con incentivos financieros tanto a la oferta como a la demanda tanto desde el Estado como desde el sistema bancario a proyectos que cuenten con certificación de sustentabilidad.
En definitiva, con un caso concreto bajo la manga, nos preguntamos: ¿Y Chile por qué no?… Tendríamos que preguntarle a los ministerios de Vivienda y Urbanismo, Salud y Medio Ambiente.
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