La propuesta bipartidista conocida como ROAD to Housing Act busca aumentar la oferta habitacional, reducir los costos de construcción y facilitar el acceso a financiamiento en un mercado tensionado por la escasez de viviendas.
Por Leonardo Núñez
No sólo Chile sufre por la falta de acceso a la vivienda. El Congreso de Estados Unidos inició el debate de una nueva legislación destinada a enfrentar una crisis similar.
La iniciativa, denominada ROAD to Housing Act, plantea una amplia reforma a la política federal habitacional y reúne cerca de 40 disposiciones orientadas a aumentar la oferta de viviendas, reducir costos y modernizar programas federales, según reportes de Bloomberg y documentos del propio Congreso estadounidense.
El proyecto surge en un momento de fuerte presión en el mercado inmobiliario, donde el aumento de los precios de compra y alquiler en muchas ciudades ha dejado a millones de familias con dificultades para acceder a una vivienda.
Legisladores de ambos partidos coinciden en que el país enfrenta un déficit de varios millones de viviendas, lo que obliga a impulsar nuevas medidas para acelerar la construcción y mejorar el acceso al crédito.
Uno de los pilares de la propuesta es estimular la construcción y rehabilitación de viviendas asequibles. Para ello se contempla la creación de programas con US$200 millones anuales hasta 2031, destinados a facilitar proyectos inmobiliarios y agilizar procesos administrativos que hoy ralentizan el desarrollo habitacional.
Otra de las iniciativas destacadas se centra en el programa federal HOME Investment Partnerships, que podría contar con US$1.350 millones para adquirir edificios de oficinas, industriales o inmuebles abandonados y reconvertirlos en viviendas asequibles, una estrategia que busca aprovechar propiedades subutilizadas en áreas urbanas.
La legislación también propone incentivar a los gobiernos locales para reducir barreras regulatorias y urbanísticas que limitan la densificación de las ciudades. Según analistas citados por Bloomberg, estos obstáculos —como restricciones de zonificación o largos procesos de permisos— han contribuido a restringir la oferta de viviendas en muchas áreas metropolitanas.
En materia de rehabilitación, el proyecto contempla asignar hasta US$30 millones anuales a la Oficina de Control de Riesgos de Plomo y Hogares Saludables (OLHCHH) para financiar mejoras en viviendas antiguas que posteriormente puedan ofrecerse a precios accesibles. Además, los gobiernos estatales podrían recibir subvenciones de entre US$250.000 y US$10 millones para invertir en infraestructura y servicios asociados a nuevos desarrollos residenciales.
Otra línea de acción busca reducir los costos de construcción mediante el impulso a viviendas prefabricadas y modulares, consideradas una alternativa más rápida y económica para ampliar la oferta habitacional. El proyecto también incluye medidas para facilitar la financiación hipotecaria, mejorar los sistemas de tasación y ampliar el acceso al crédito para compradores primerizos.
Sin embargo, uno de los puntos más polémicos del debate es la propuesta respaldada por el presidente Donald Trump que busca limitar la compra de viviendas unifamiliares por parte de grandes empresas inmobiliarias. Según la iniciativa, compañías que posean más de 350 viviendas de este tipo no podrían adquirir nuevas propiedades, una medida que busca reducir la competencia frente a compradores particulares.
Aunque la legislación cuenta con apoyo bipartidista, su aprobación final aún requiere negociaciones entre legisladores y el sector inmobiliario.
