Por: Cristián Martínez, fundador de Crece Inmobiliario, Ingeniero Comercial, Magister en Administración de Empresas de IEDE y Master de Administración de Empresas en la Universidad de LLeida
Hace poco, miles de personas se tomaron las calles de Madrid para protestar por el encarecimiento de los alquileres y la dificultad de acceso a una vivienda en propiedad, en una marcha que podría dar inicio a una oleada de manifestaciones del mismo tipo durante el mes de junio, según indican medios españoles. El lema es tanto esclarecedor como triste: “La vivienda nos cuesta la vida”.
Observando la evolución del mercado inmobiliario europeo durante los últimos años, lamentablemente, esto no sorprende. El precio medio de la vivienda en España supera los 2.000 euros por metro cuadrado, mientras que los arriendos oscilan entre 13 y 20 euros por metro cuadrado.
Traducido a la realidad cotidiana: un departamento de 50 metros cuadrados puede significar cerca de 1.000 euros mensuales de arriendo para una familia cuyo salario bruto ronda los 2.300 euros. En Madrid, el alquiler medio supera ya los 1.500 euros y se lleva más del 70% del sueldo, según las organizaciones convocantes. O sea, hablamos de que casi la mitad del ingreso bruto se evapora en el pago de una renta.
Estas protestas son siempre un síntoma tardío. La crisis habitacional lleva años cocinándose en cada subasta de suelo urbano, en cada norma urbana que demoró la entrega de nuevas unidades, en cada decisión política que privilegió la rentabilidad del parque existente por sobre la ampliación real de la oferta. La vivienda dejó de ser un bien de uso para convertirse, progresivamente, en un activo financiero. Cuando eso ocurre, el mercado no falla: funciona exactamente como fue diseñado. El problema es que ese diseño excluye a la mayoría.
El movimiento que hoy vemos en las calles de la capital española no es aislado, es la expresión visible de una acumulación de años de desajuste entre lo que el mercado ofrece y lo que la ciudadanía puede pagar. Y lo más relevante, desde una perspectiva de largo plazo, no es la magnitud de las marchas, sino su proyección territorial: una oleada de movilizaciones que se extiende a veinticuatro ciudades es una señal de que el malestar ya no es local, sino que ha pasado a ser sistémico.
España se está convirtiendo en una advertencia viva para el resto del mundo occidental. Lo que ocurre hoy en Madrid puede ocurrir mañana en otras ciudades donde la presión demográfica sobre el stock habitacional no ha sido acompañada de políticas serias de planificación territorial, financiamiento público de vivienda asequible o inversión de largo plazo en oferta. Cuando los precios suben, la oferta no alcanza y la presión social se acumula, las tensiones se acumulan.
El mercado inmobiliario no puede seguir siendo tratado únicamente como un activo financiero, ya que es el soporte material de la vida de las personas. Ignorar esa dimensión durante demasiado tiempo tiene un costo. Las respuestas deben llegar desde la planificación, desde la oferta y desde la inversión territorial con visión de largo plazo.
España nos muestra un espejismo de lo que puede suceder a nivel local si es que no se tiene una visión respecto a este problema. Tiempo hay, lo que hay que aunar son voluntades que permitan que esta realidad, llegue más amortizada a nuestro país en algunos años.
