La recurrencia y magnitud de los incendios forestales en el sur de Chile han dejado de ser un fenómeno excepcional, para transformarse en un riesgo estructural. Cada temporada estival confirma una realidad incómoda: el país sigue reaccionando tarde, con instrumentos incompletos y una institucionalidad fragmentada. En este contexto, la urgencia de activar y aprobar la llamada Ley de Incendios no es solo una consigna política, sino una necesidad concreta de gestión pública y protección social.

Actualmente el proyecto se encuentra detenido en la Comisión de Hacienda, a la espera de ser puesto en tabla para su discusión en Sala. Este estancamiento tiene consecuencias reales. Mientras la tramitación se dilata, se posterga la implementación de medidas preventivas básicas que podrían reducir de manera significativa la ocurrencia y propagación de incendios. La emergencia que afecta a regiones como Ñuble y Biobío vuelve evidente el costo de esta inacción legislativa, tanto en vidas humanas como en pérdidas económicas y ambientales.

¿Por qué este llamado a la urgencia? La Ley de Incendios propone un enfoque integral que supera la lógica reactiva que ha predominado hasta ahora. Incorpora planes de manejo forestal obligatorios, la exigencia de cortafuegos en predios de alto riesgo, una coordinación efectiva entre organismos públicos y privados, y un régimen de sanciones más estricto frente a conductas negligentes o derechamente irresponsables. No se trata solo de combatir incendios, sino de prevenirlos con reglas claras, fiscalización efectiva e incentivos alineados con el interés público.

Desde el punto de vista institucional, resulta difícil justificar la demora. El proyecto requiere mayoría absoluta tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, un quórum exigente, pero plenamente alcanzable si existe voluntad política. Mantenerlo paralizado transmite una señal equivocada, que la prevención sigue siendo secundaria frente a la emergencia, cuando la evidencia demuestra exactamente lo contrario.

La activación de esta Ley permitiría mejorar la capacidad de respuesta del Estado, reducir la exposición de comunidades rurales y urbanas, y proteger ecosistemas cuya recuperación puede tomar décadas. Además, entregaría certezas a los actores productivos y forestales, estableciendo estándares conocidos y exigibles.

La Ley de Incendios no es una solución mágica, pero sí una condición mínima para avanzar hacia un país más resiliente frente a desastres que ya no son excepcionales. La responsabilidad del Congreso es clara. Postergar su aprobación es, en los hechos, aceptar que la próxima tragedia vuelva a encontrarnos mal preparados.