Por: Marco Subercaseaux, académico del Magister en Vivienda y Barrios Integrados UNAB
Hace 20 años, el 5 de marzo de 2006, poco antes de las 16:45, un edificio ardía en el centro de Santiago. Era el ala oriente del antiguo centro de convenciones en vuelto en llamas, Diego Portales. El fuego destruyó el 40% de la estructura, derritió su cubierta metálica y dejó inutilizado el salón de plenarios.
En ese momento, 28 carros del Cuerpo de Bomberos de Santiago acudieron a la emergencia, mientras las autoridades cerraban la Alameda desde Plaza Baquedano hasta Cerro Santa Lucía y el Metro, suspendía el servicio en Universidad Católica. La ciudad quedó paralizada ante una imagen brutal que obligó a replantear el destino del edificio.
Hoy, la fallida ampliación del Centro Cultural Gabriela Mistral expone las debilidades del Estado, para sostener proyectos públicos de largo plazo, pese a que ese lugar nunca fue una construcción cualquiera. Se levantó entre diciembre de 1971 y abril de 1972, para albergar la tercera conferencia de la UNCTAD como símbolo de modernidad y de una nación que, en plena Unidad Popular, era capaz de construir en tiempo récord.
Tras el encuentro de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, el Centro Cultural Metropolitano Gabriela Mistral abrió como un espacio concebido para todos los ciudadanos. Esa vocación duró poco. Luego del golpe de 1973, un decreto lo transformó en sede del gobierno militar y cambió su nombre. Tras el incendio de 2006, recién se retomó su sentido original. El Estado convocó a un concurso público y en septiembre de 2010, se inauguró la primera etapa del actual Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), que desde entonces ha recibido millones de visitantes.
Sin embargo, la segunda etapa del proyecto ha sido una historia de tropiezos. En 2014 se planteó una ampliación que incluía una gran sala para cerca de 2.000 personas, además de nuevos talleres y espacios. Su inauguración se proyectó para 2017, pero una serie de eventos la fue postergando. En abril de 2016, lluvias torrenciales desbordaron el río Mapocho e inundaron parte de la obra, obligando a rehacer trabajos estructurales. En 2018, el Ministerio de Obras Públicas puso término anticipado al contrato con la constructora a cargo, que posteriormente quebró, paralizando el proyecto.
A ello se sumó el impacto del estallido social. En noviembre de 2019, una turba ingresó a la obra en construcción y provocó incendios que dañaron instalaciones eléctricas y equipos. Fue el cuarto siniestro que afectó la estructura. En 2021, una nueva licitación quedó desierta luego de que las ofertas duplicaran el presupuesto disponible.
Pese a todo, el proyecto mantuvo su ambición. Consideraba una sala con capacidad entre 1.853 y 2.500 personas, escenario desmontable, foso para orquesta y múltiples espacios complementarios, duplicando la superficie actual del GAM. El presupuesto inicial de $72 mil millones, terminó ajustándose a $114 mil millones cuando finalmente se adjudicó en enero de 2025.
El giro más reciente llegó en 2026. El 2 de marzo, a días de finalizar su mandato, el gobierno anterior dio inicio formal a las obras. Sin embargo, pocas semanas después, la nueva administración notificó que las restricciones presupuestarias impedían continuar con el contrato. El argumento: el alto costo en medio de un escenario de déficit fiscal.
La decisión abrió un intenso debate. Mientras autoridades defendieron la medida como un acto de responsabilidad fiscal, diversas voces cuestionaron la paralización. Se advirtió que detener la obra implicaría indemnizaciones millonarias y desperdicio de inversiones ya realizadas en diseño y ejecución. También se alertó sobre el impacto cultural: dejar inconclusa la ampliación limitaría el acceso a las artes y podría convertir al GAM en una infraestructura incompleta, en pleno corazón de Santiago.
La historia del GAM es, en muchos sentidos, un reflejo de nuestra relación con lo público. Un proyecto que nació como símbolo de modernidad, que fue transformado, reconstruido, ampliado y vuelto a detener. No se trata solo de una obra inconclusa, es también, la evidencia de una dificultad más profunda para sostener políticas de largo plazo y cumplir compromisos más allá de los ciclos políticos.
Terminar la gran sala no es solo una decisión presupuestaria. Es una definición sobre el tipo de país que queremos ser. Porque más allá del cemento, esta obra representa un compromiso con la cultura, con la ciudad y con las futuras generaciones. Concluirla sería una señal de continuidad, de responsabilidad y de respeto por el valor de lo público.
Chile no puede seguir acumulando proyectos a medio camino. El GAM no merece convertirse en otro símbolo de lo inconcluso. Merece, por el contrario, ser prueba de que aún somos capaces de terminar lo que empezamos y nos identifica.
