Por: Beatriz Mella, Directora Centro CIUDHAD y directora alterna Centro CATLEC, Universidad Andrés Bello.
La decisión de extender el Plan de Emergencia Habitacional hasta 2029 es, al mismo tiempo, comprensible e inquietante. Comprensible, porque la crisis habitacional que enfrenta Chile está lejos de resolverse. Inquietante, porque obliga a preguntarnos si estamos usando la emergencia como un punto de partida hacia una política estructural o si, por el contrario, estamos normalizando un régimen excepcional como forma permanente de gobernar la vivienda.
El déficit habitacional —que supera las 700 mil viviendas— hace imposible sostener que el problema esté superado o que ya no se requieran medidas extraordinarias. Nadie podría, seriamente, proponer un repliegue del Estado en este contexto. Sin embargo, justamente por la gravedad de la crisis, la extensión del Plan no puede leerse solo como una prórroga administrativa. Es una obligación evaluar con mayor profundidad qué tipo de política habitacional estamos construyendo hacia adelante.
El Plan de Emergencia Habitacional nació como una respuesta excepcional frente a una urgencia acumulada durante años. Esa excepcionalidad fue necesaria. Lo que no puede ocurrir ahora es que la emergencia se transforme en el régimen permanente de la política habitacional, sin una reflexión crítica sobre su efectividad real y, sobre todo, sobre las capacidades que está dejando instaladas en el Estado.
Si observamos con atención, el principal aporte del Plan no ha sido alterar radicalmente las cifras del déficit, estas que siguen siendo alarmantes, sino abrir alternativas que antes no estaban disponibles: flexibilizar marcos normativos, acelerar procesos, habilitar nuevas formas de gestión del suelo y mejorar la coordinación institucional.
En ese sentido, hoy contamos con una base normativa más robusta que hace algunos años, lo que debiera facilitar el trabajo de los equipos que asuman a partir del próximo ciclo político. Esto nos obliga a reconocer algo incómodo pero clave: el problema ya no parece estar en la falta de reglas.
El desafío está en cómo esta nueva normativa se traduce en proyectos concretos, en barrios habitables y en soluciones que se desarrollen con tiempos y escalas acordes a la urgencia que vivimos. La brecha entre norma y capacidad se vuelve cada vez más evidente.
Esta tensión se vuelve aún más crítica cuando consideramos que la presión habitacional no solo se mantiene, sino que se intensifica y se cruza con una realidad que ya no puede considerarse excepcional: la reconstrucción post-catástrofe. Incendios, desplazamientos forzados y pérdidas territoriales muestran que la emergencia habitacional no es un paréntesis, sino un contexto estructural que probablemente nos acompañará por años.
En ese escenario, extender el Plan hasta 2029 no puede significar simplemente “seguir haciendo lo mismo por más tiempo”. El riesgo es que la política de vivienda quede atrapada en una lógica coyuntural permanente, reaccionando a la urgencia sin construir una base sólida para enfrentarla de manera sistemática.
La emergencia debiera ser un puente, no un estado final. Un puente hacia una política habitacional con mayor capacidad, mayor velocidad, mayor escala y mejores resultados. Para eso, la evaluación del Plan no puede limitarse a cuántas viviendas se comprometieron o entregaron. La pregunta de fondo es otra: ¿qué tan preparado deja este ciclo de emergencia al país para enfrentar una crisis habitacional que sabemos que no va a desaparecer en el corto plazo?
Responder esa pregunta implica mirar más allá de las cifras y poner el foco en las capacidades que estamos construyendo a nivel nacional, regional y municipal, porque si la emergencia se prolonga indefinidamente, lo verdaderamente urgente es que no se vuelva estéril. Que deje legado, que fortalezca al Estado, y que finalmente, permita que la vivienda deje de ser una política reactiva para consolidarse, de una vez por todas, como una verdadera política de Estado.
