Por: Beatriz Mella. Directora alterna Centro CATLEC, Directora Magister en Vivienda y Barrios Integrados, Universidad Andrés Bello.
Hoy la conciencia ciudadana parece haberse adaptado más rápido que nuestras estructuras institucionales a las vulnerabilidades climáticas y eventos de riesgo de desastre. Distintas mediciones realizadas en los últimos años, hablan de que las personas se sienten mejor preparadas para terremotos y tsunamis, que para incendios o inundaciones.
La cultura sísmica está instalada, lo que se evidencia en que parte relevante de los hogares han incorporado medidas básicas, como anclar estantes, evitar ubicar objetos pesados en altura o mantener un bolso de emergencia. Sin embargo, la planificación territorial y el modelo de desarrollo urbano, no han evolucionado al mismo ritmo.
Seguimos expandiendo ciudades hacia la interfaz urbano-forestal sin suficientes franjas de protección, ocupando quebradas vulnerables y densificando zonas expuestas sin una planificación prospectiva real. Todas las mejoras en las respuestas que hemos desarrollado como sociedad, no nos han permitido reducir estructuralmente la vulnerabilidad – lo que queda en evidencia en los últimos eventos de catástrofe.
La emergencia, además, no es necesariamente estacional. En verano tenemos incendios, pero el invierno tenemos aluviones e inundaciones. El problema es cuando los eventos llegan juntos, como incendios seguidos de tormentas eléctricas que derivan en remociones en masa e inundaciones, como ocurrió recientemente en la comuna de Las Condes en Santiago.
La ironía es que Chile dispone hoy de herramientas tecnológicas relevantes, como el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE), que permite enviar mensajes masivos a celulares desde 2019. Además, las alertas sísmicas basadas en smartphones están comenzando a anticipar movimientos al detectar las ondas más débiles antes de que lleguen las más destructivas – ejemplo del último sismo fuerte en Ovalle.
A pesar de que aún nos falta un sistema unificado que integre incendios, inundaciones, aluviones, erupciones volcánicas y eventos climáticos extremos con capacidades predictivas y, no solo reactivas, la tecnología no resuelve el problema estructural. La reducción del riesgo requiere gobernanza clara, coordinación efectiva entre niveles de gobierno y una cultura preventiva permanente. Particularmente, la planificación urbana tiene que asumir el riesgo como condición estructural del territorio.
¿Qué significa esto en la práctica? Planes reguladores vinculantes en zonas de alto riesgo, integración real de mapas de amenaza, fiscalización efectiva y coordinación con la política habitacional. Significa invertir de manera sostenida en prevención, entendiendo que cada peso invertido antes del desastre evita costos mucho mayores después.
El desafío implica rediseñar la ciudad. Por ejemplo, en la interfaz urbano-forestal, generar franjas de transición sin vegetación inflamable y espacios públicos que funcionen como cortafuegos. Frente a lluvias intensas, infraestructura verde, recuperación de cauces y sistemas de drenaje sostenible. En zonas costeras, espacios que faciliten evacuación rápida y usos coherentes con la amenaza de tsunami. Y, en toda la ciudad, infraestructura crítica con respaldo y rutas alternativas de evacuación.
