Por: Cristián Armas Morel, Real Estate Developer.
La renovación de la Ley del Subsidio a la Tasa de Interés, más allá del segundo semestre de 2026 o cuando se agoten los cupos, ha dejado de ser una medida de estímulo para convertirse en el único instrumento eficiente, capaz de reducir el enorme déficit fiscal y abordar el creciente déficit de viviendas para la clase media.
La Ley N° 21.631 demostró ser un modelo de política de apalancamiento fiscal casi perfecto. La inversión directa de 90 millones de dólares (USD) se cubrió con creces, generando un IVA en toda la cadena Neto superior a 750 millones de dólares (descontando el crédito CEEC y otras exenciones). El programa probó que la mejor manera de recaudar para el Fisco, no es subir impuestos, sino activar la inversión y el consumo con incentivos focalizados.
La paradoja del éxito. La demanda activa está agotando los 50.000 cupos rápidamente. Una vez consumidos los 45.000 cupos de mercado, el stock actual de viviendas bajo 4.000 UF se reducirá a solo unas 30.700 unidades, pero la oferta no se detiene: existen cerca de 65 mil viviendas por iniciar, lo que significa que el stock volverá a inflarse inmediatamente a cerca de 96 mil unidades, generando un nuevo sobre stock.
Sin una renovación oportuna, liquidar este volumen de stock futuro aparente a las tasas de venta tradicionales, tardaría cerca de 80 meses. La única respuesta lógica es una renovación inmediata y robusta. Un escenario de 20.000 cupos anuales es la estrategia fiscalmente más rentable.
Esta medida aceleraría la demanda hasta un ritmo de casi 2.900 unidades mensuales, logrando la liquidación total de las 96 mil unidades del SFA en solo 33 meses. Esta acción no solo estabiliza el mercado y rescata a la industria, sino que garantiza la venta de más de 55 mil unidades subsidiadas, asegurando una recaudación neta total que supera los 730 millones de dólares en poco menos de tres años.
La Ley N° 21.631 es la herramienta de política económica más potente disponible. La inacción de postergar la renovación hasta que el mercado colapse es un error estratégico. La continuidad del subsidio no solo soluciona el déficit de vivienda y rescata a la industria, sino que se convierte en una fuente de liquidez urgente para el Estado. Es fiscalmente irresponsable no asegurar su continuidad ahora.
