Por: Marcos Brito, director ejecutivo del Instituto de la Construcción.
A pocos días de este 27 de febrero se cumplen 16 años del terremoto de 2010, una de las mayores pruebas que ha enfrentado nuestro país en materia de resiliencia estructural. Más allá de la magnitud del sismo, lo que marcó la diferencia fue la capacidad técnica y la rapidez institucional para reaccionar.
En ese contexto, el sector público y privado, junto a la academia y especialistas de primer nivel, trabajaron de manera colaborativa para revisar los estándares existentes y proponer mejoras. Fruto de ese esfuerzo, en poco más de un año se promulgaron los decretos supremos 60 y 61, que actualizaron exigencias clave en diseño sísmico y en hormigón armado. Fue una respuesta técnica sólida, basada en evidencia y en la experiencia recogida tras el desastre.
Así, para este año se espera que el Instituto Nacional de Normalización (INN), publique las actualizaciones de las normas NCh430.Of2008 “Hormigón armado – Requisitos de diseño y cálculo”, y NCh433.0f1996 mod.2009 “Diseño sísmico de edificios”. Sin duda un hito relevante, porque hablamos del marco técnico que regula cómo diseñamos y construimos en un país sísmico.
Después del 27F, Chile demostró que es capaz de articular talento, conocimiento y voluntad para mejorar sus estándares en tiempos acotados. Esa experiencia debería inspirarnos hoy. Necesitamos una metodología permanente, transparente y ágil para la revisión y actualización de nuestras normas técnicas, que combine rigor técnico con plazos definidos y mecanismos claros de coordinación entre autoridades, organismos técnicos, así como del mundo académico y privado.
La seguridad de las personas no puede depender solo del desarrollo normativo. Modernizar la forma en que actualizamos nuestra normativa es, en sí misma, una política de resiliencia. A 16 años del 27F, el mejor homenaje es no conformarnos con lo logrado, sino fortalecer el sistema que nos permite aprender y mejorar antes del próximo gran desafío.
