Por: José Manuel Bellalta, Gerente General Grupo GB CINCO.
El proyecto de Ley Marco de Suelos (Boletín N.º 14.714-01), actualmente en primer trámite constitucional en el Senado, propone la creación de una Política Nacional para la Gestión Sostenible de los Suelos, elaborada por Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) , que permitirá establecer lineamientos comunes para su protección, conservación, restauración y recuperación, considerando las distintas características ambientales, productivas y territoriales del país.
Uno de los elementos relevantes de este modelo será su dimensión territorial. El proyecto contempla Comisiones Macrozonales que asesorarán a ODEPA en la ejecución de la futura normativa y facilitarán la participación ciudadana, incorporando a gobiernos regionales, municipios, universidades y representantes de la sociedad civil. Esta estructura permitirá que las políticas y acciones nacionales dialoguen con las particularidades de cada territorio, especialmente frente a fenómenos como erosión, degradación, desertificación o contaminación de suelos.
A esta nueva institucionalidad se suma una herramienta que ya permite avanzar hacia decisiones basadas en información: el Catastro Nacional de Suelos con Potencial Presencia de Contaminantes (SPPC), del Ministerio del Medio Ambiente, cuya información es de acceso público y gratuito. El registro identifica más de 10.000 sitios con potencial presencia de contaminantes, de acuerdo con su actualización de datos de 2023.
Esto no significa que todos ellos estén efectivamente contaminados, sino que permite identificar áreas que pueden requerir investigación y evaluación ambiental, para determinar sus condiciones y eventuales riesgos.
La disponibilidad de estos antecedentes puede convertirse en un insumo estratégico para la planificación territorial y la evaluación de proyectos, permitiendo detectar tempranamente potenciales pasivos ambientales y orientar estudios más detallados. Para sectores como minería, industria, infraestructura o desarrollo inmobiliario, contar con mejor información desde las primeras etapas puede disminuir incertidumbres ambientales, técnicas y regulatorias y contribuir a decisiones de inversión más informadas.
La convergencia entre una futura Política Nacional para la Gestión Sostenible de los Suelos, una gobernanza con perspectiva macrozonal y un catastro público representa, por tanto, una oportunidad para avanzar desde una lógica principalmente reactiva hacia una gestión preventiva y basada en evidencia científica. Más que otorgar certeza jurídica por sí solas, estas herramientas pueden contribuir a construirla, estableciendo mejores condiciones de información, planificación y gestión del riesgo ambiental.
Este avance se vincula, también, con compromisos internacionales de sostenibilidad, particularmente con la protección y restauración de ecosistemas terrestres y la lucha contra la degradación de las tierras (ODS 15), la acción frente al cambio climático (ODS 13) y los patrones sostenibles de producción y consumo (ODS 12).
En un escenario donde alrededor del 64% de la superficie de suelo disponible en Chile presenta algún grado de erosión, fortalecer la información y la gobernanza del suelo no es únicamente un desafío ambiental, sino también, es una condición para proteger los recursos hídricos, las actividades productivas y el desarrollo sostenible de los territorios.
