Por: Álvaro Ricardi Mac-Evoy, Socio Fundador SPM Administración; Director Cigsa Chile y de Cgai.
Hace muy poco se promulgó la Ley Nº 21.463 llamada “Ley Karin” y lo que toca es adecuar los RIOHS de nuestros edificios, instruir y aplicar los protocolos que se encontrarán vigentes a partir del 01 de agosto.
A grandes rasgos, esto significa cambiar conductas y comportamientos dentro de los equipos de trabajo de nuestros edificios, como también, la interacción entre ellos y sus pares con la consecuencia de perder su trabajo y denunciar a su empleador en caso de sentirse menoscabado, ignorado o infravalorado, delegando a hacer tareas básicas para lograr la mala práctica de la “renuncia por cansancio”.
Las interacciones entre los equipos de trabajo van a cambiar y para bien, pero mientras se van afinando los procesos y sanciones, tendremos muchas situaciones que generarán una sobre exigencia del sistema y que perderá en algún momento la capacidad de atender y revisar las reales causas que lo requieran, pasó con el registro nacional de administradores, por ejemplo, donde el Minvu tiene un retraso de al menos 4 meses en un trámite que no debía durar más de 20 días hábiles.
La ley cumple sin duda con un espíritu noble pero nacen muchas dudas también: ¿Estaremos todos y todas sujetos a una denuncia de acoso laboral ante cualquier situación que bajo el criterio del trabajador o trabajadora se sienta “acosado”, para poder justificar una situación donde se está exigiendo el cumplimiento de su labor?.
Nuestra gestión será más compleja aún donde tenemos equipos pequeños de trabajo por cada comunidad donde el machismo y el sesgo de género, es tremendamente predominante y los tratos y relaciones, son bastante fuertes entre los pares y el rol femenino tiende a estar asociado a labores de aseo, dado que extrañamente el residente se siente más desprotegido con una mujer conserje, por dar un ejemplo.
Tendremos que trabajar en hacer entender que ciertos comportamientos son sancionables dentro de los equipos y son causales de despido, así como seguir educando a las generaciones más antiguas que no pueden cruzar la línea del piropo y esconderlo con galantería.
Adicionalmente nos veremos en la obligación de abrir canales de resolución de conflictos y atenderlos dentro los plazos estipulados por la ley, lo que claramente hace que los administradores más pequeños tengan que destinar mayores recursos para poder cumplir con todas las nuevas exigencias y las administraciones más grandes encarecer sus costos de operación, para poder cumplir con todas las nuevas imposiciones que existen.
Sin duda esto apunta a la profesionalización del servicio, pero están los que no quieren pagar más por algo que hoy, para nosotros, es más caro de gestionar y requiere de más especialización, por lo que la interrogante es: ¿quiénes sobrevivirán, las empresas grandes y sus estructuras organizacionales más caras o los administradores pequeños y personalizados a menor costo?: welcome to the jungle.
