Por: José Manuel Bellalta, Gerente General GB Cinco Ambiental.
Con la celebración de la COP30 en Belém, el mundo pone sus ojos en la Amazonía para definir la hoja de ruta de la acción climática post-2025. Sin embargo, mientras los líderes debaten la ambición de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), hay un tema crítico y tangible que debe subir de la escala local a la global: la remediación de suelos contaminados.
Esta preocupación adquiere especial relevancia coincidiendo con el Día Mundial del Suelo (5 de diciembre), una fecha que nos recuerda que la salud de la tierra es la base de la seguridad alimentaria y territorial. Pero más allá del ámbito rural, el suelo urbano contaminado es una deuda social y un lastre económico.
En países como Chile, la paradoja es evidente. Existe una crisis de vivienda y una creciente demanda por suelo seguro, mientras que más de 9 mil sitios potencialmente contaminados —muchos en zonas urbanas y periurbanas— permanecen inutilizados. Estos terrenos son, literalmente, “capital dormido” en un contexto de escasez.
La inacción tiene un alto costo: impide la inversión inmobiliaria, bloquea proyectos de vivienda social y condena a comunidades vulnerables a la injusticia territorial. Miles de familias en asentamientos informales habitan sobre pasivos ambientales críticos, incluyendo residuos peligrosos, al no tener acceso a terrenos saneados. La remediación, por tanto, no es solo un costo ambiental, sino una estrategia de inversión con impacto social inmediato.
La buena noticia es que hemos superado la barrera técnica. La remediación ya no es sinónimo de décadas de espera. La innovación ha transformado el proceso, permitiendo soluciones in-situ que aceleran la recuperación del suelo como la oxidación catalítica (KatOx) y la extracción de Vapores (SVE), que son tecnologías que destruyen contaminantes y reducen los plazos de saneamiento a rangos de meses a pocos años, y la biorremediación avanzada, que a través del uso estratégico de bacterias especializadas y otros agentes biológicos amplían el espectro de descontaminación de manera natural.
Estos avances demuestran que el obstáculo no es la falta de capacidad técnica para transformar un pasivo en un activo urbano seguro. Es la falta de un marco regulatorio claro. La COP30 debe ir más allá de los debates sobre mitigación y financiación. Debe enfocarse en la resiliencia territorial.
La remediación de suelos es una acción concreta que garantiza el derecho a un entorno sano, al sanear terrenos y proteger la salud de las comunidades; habilita la adaptación urbana, donde el suelo recuperado es fundamental para la infraestructura verde y la planificación urbana sostenible que mitiga riesgos climáticos; y moviliza financiamiento, al convertir los pasivos ambientales en activos productivos, se crea un caso de negocio sólido para la inversión privada y el desarrollo.
Como se ha debatido en los diálogos de alto nivel impulsados con miras a la COP30, la tarea pendiente es articular este potencial. Necesitamos una Ley Marco de Suelos que establezca estándares técnicos, financiamiento y obligaciones claras. Sin este marco legal, la tecnología seguirá siendo una herramienta subutilizada y los suelos contaminados seguirán siendo el testimonio de nuestra inacción.
La COP30 es la oportunidad para que los gobiernos reconozcan que la salud del suelo, urbano y rural, es fundamental para cumplir con cada NDC y construir un futuro verdaderamente resiliente. Dejemos de mirar el suelo como un problema y empecemos a verlo como el activo que es.
