Por: Sergio Correa Espinoza, Gerente Inmobiliario de Colliers
En la democracia, el poder local desempeña un papel fundamental en la toma de decisiones que afectan a la vida de los ciudadanos. Sin embargo, este poder no siempre se ejerce de manera responsable. Uno de los ejemplos más claros es el uso y abuso de las atribuciones de las autoridades para modificar los planes reguladores, como lo hemos visto en el caso de Maipú y en otras comunas del país.
La autoridad, en su afán de mostrar resultados a corto plazo y a menudo impulsados más por intereses políticos que urbanos, utilizan sus atribuciones para modificar los planes reguladores de manera irresponsable. Esto tiene graves consecuencias para la ciudad y sus habitantes.
En el caso de la comuna de Maipú, está modificando su plan regulador en los sectores que permiten mayor altura. Para esto el municipio usó la atribución que le permite congelar el ingreso de nuevos permisos de edificación, en los polígonos que pretende modificar la norma.
El alcalde de Maipú según sus propias palabras: “ha cerrado la puerta con candado a lo que él denomina ´guetos verticales´ en la comuna”. Si bien esta declaración puede parecer como una medida progresista para algunos, es esencial analizar sus implicaciones en la planificación urbana.
El rechazo a las edificaciones en altura no es la solución a los desafíos urbanos. La altura de los edificios no es el único factor determinante de la calidad de vida en una comunidad. Al enfocarse en esta variable, se corre el riesgo de simplificar en exceso la compleja realidad de la planificación urbana.
Es importante desmitificar la nociva noción de que edificaciones de 20 pisos equivalen automáticamente a ́ guetos verticales` esta etiqueta simplifica en exceso la realidad urbana. Por el contrario, un enfoque más integral debería considerar que una densidad equilibrada puede fomentar la integración social y económica, contribuyendo a una mayor vitalidad urbana.
Sin embargo, la preocupación surge cuando las decisiones políticas como la limitación a 10 pisos en zonas cercanas a estaciones de Metro, amenazan con socavar la inversión millonaria del Estado en infraestructura pública, dejando a la mayoría de la población sin acceso a los beneficios que esta inversión debería ofrecer.
Este escenario revela la urgente necesidad de evitar que las modificaciones de los planes reguladores sean utilizadas como herramientas políticas efímeras, en lugar de enfoques estratégicos que promuevan el desarrollo sostenible.El caso de Maipú ilustra la importancia de un enfoque equilibrado en la planificación urbana. Las decisiones deben basarse en una visión integral.
La política de altura y densidad debe ser producto de un diálogo reflexivo y consultas transparentes con los ciudadanos, y no simplemente una decisión unilateral basada en la retórica.
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