Por: Dr. Lorenzo Reyes Bozo, Decano Facultad de Ingeniería y Negocios Universidad de Las Américas.
La transición energética en Chile se ha transformado en uno de los procesos tecnológicos más relevantes de las últimas décadas. El país avanzó aceleradamente en la incorporación de energías renovables, particularmente solar y eólica, consolidando una matriz eléctrica cada vez más limpia.
En 2016, representaban cerca del 42% de la capacidad instalada del Sistema Eléctrico Nacional; hacia 2025, esa cifra se aproximó al 70%. Asimismo, la generación renovable pasó de representar 36,7% del total eléctrico en 2016 a cerca de 70% en 2024. Estos datos posicionan a Chile como referente regional en descarbonización y desarrollo de energías limpias.
Sin embargo, este éxito técnico convive con una tensión social cada vez más visible: mientras las renovables presentan costos de operación más bajos y desplazan progresivamente a los combustibles fósiles, las familias continúan enfrentando alzas en sus cuentas de la luz. Para gran parte de la ciudadanía, la promesa de energía limpia no se ha traducido en un bien más asequible. Allí emerge una de las principales paradojas de la transición energética chilena.
Desde una perspectiva técnica y económica, las energías renovables efectivamente han reducido los costos de generación en determinadas horas del día, pero la sobre generación es desaprovechada. Las licitaciones de la última década registraron precios históricamente competitivos para proyectos solares y eólicos.
No obstante, el precio final que pagan los hogares depende de múltiples factores: transmisión, distribución, contratos regulados, tipo de cambio, estabilización tarifaria y la persistente influencia de los combustibles fósiles en el costo marginal del sistema. A ello se suma un problema estructural: Chile aún no cuenta con suficiente infraestructura de transmisión y almacenamiento para absorber toda la energía renovable disponible.
La tensión se profundiza desde la dimensión social. Desde 2019, el congelamiento y posterior normalización tarifaria generaron ajustes significativos en las cuentas eléctricas, obligando al Estado a implementar subsidios para millones de hogares vulnerables. Para muchas familias, la experiencia cotidiana de la transición energética no son las cifras de descarbonización, sino el aumento mensual de la boleta.
El verdadero desafío para la próxima década no será únicamente seguir instalando energías renovables, sino lograr que la ciudadanía perciba beneficios concretos en estabilidad tarifaria, acceso equitativo y calidad de vida. Porque la transición energética no se legitimará solo con megawatts y metas climáticas, sino cuando las personas sientan que la energía limpia también les alivia el bolsillo.
