Casos de inmuebles deshabitados, ocupados irregularmente, uso distinto al habitacional, habitado ocasionalmente y arrendado o cedido a terceros, son parte de las acusaciones.
Por Leonardo Núñez
Cerca de seis mil denuncias por mal uso de viviendas sociales recibió el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), entre el año 2022 y el cuarto trimestre de este año, a lo largo del país.
Así lo señala un informe de Transparencia, mediante datos entregados por la Subsecretaría de Vivienda, el que da cuenta de que la cartera registra 5.942 denuncias por esta práctica.
Entre ella se encuentran casos de inmuebles deshabitados, ocupados irregularmente, uso distinto al habitacional, habitado ocasionalmente y arrendado o cedido a terceros.
Mauricio Salgado, investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP), también abordó este tipo de abusos y sostuvo que “según los datos del Minvu (2022-2025), los casos denunciados de viviendas sociales arrendadas o cedidas a terceros aumentaron de forma sostenida hasta 2024, y todo indica que la tendencia se mantendrá este año. En total, más de 3.000 denuncias en cuatro años, con un alza de 73% entre 2022 y 2024”.
A juicio de los expertos, “la solución requiere fiscalización, pero sobre todo una política integral que amplíe la oferta de vivienda asequible y evite que la informalidad se convierta en un mecanismo de supervivencia o de lucro para personas inescrupulosas”.
En tanto, respecto de las sanciones y fiscalización, el Ministerio de Vivienda (Minvu) planteó que los Servicios de Vivienda y Urbanización (Serviu), en el marco de las disposiciones que establece la ley, ejercen las acciones de fiscalización para la recuperación de viviendas habitadas de manera irregular.
“El objetivo es que las casas y departamentos financiados con subsidios estatales sean ocupados por quienes realmente los necesitan, en especial, en un contexto de déficit habitacional que el Gobierno hoy enfrenta a través del Plan de Emergencia Habitacional”, señalaron desde la cartera.
Respecto de la fiscalización en la Región Metropolitana por mal uso de viviendas sociales, indican como ejemplo, esta entidad en 2023 reportó 52 sanciones; en 2024, un total de 26 y este año ya contabilizan 72 casos sancionados.
