Expertos del sector sostienen que es indispensable volver a crear normas que fomenten el ahorro y la inversión para salir de la crisis actual.
Por Leonardo Núñez
La necesidad de reactivar distintos sectores ha marcado el debate económico de los últimos años. Con el último Imacec de agosto no fue la excepción, ya que estuvo bajo el piso de las proyecciones: el indicador creció 2,3% en comparación con igual mes del año anterior.
Ante estas cifras, los expertos volvieron a centrar sus miradas en las últimas reformas realizadas en el país, en ámbitos tanto tributarios como regulatorios, por el impacto que han tenido en la inversión. Michel Jorratt, ex director del Servicio de Impuestos Internos (SII) entre 2014 y 2015, advirtió recientemente que “las normas tributarias requieren de estabilidad. No es posible que en cada nuevo gobierno se hagan reformas para deshacer lo que hizo el anterior”.
La alcaldesa Evelyn Matthei, y probable candidata presidencial, fue más allá y sostuvo en el foro “Confianza y Liderazgo: Mirando al futuro”, organizado por PwC, que una opción para atraer capital a Chile sería retomar el Decreto Ley 600 (DL 600), que permite la invariabilidad tributaria, el cual se derogó con la reforma tributaria de 2014.
Estos análisis también están presentes en el mundo inmobiliario, que hoy vive una de la crisis más profundas de su historia. Expertos del sector sostienen que varias leyes que fueron derogadas hoy explican, en parte relevante, la lenta recuperación de la construcción y de las ventas de propiedades.
Eduardo Correa, doctor en derecho mercantil de la Universidad de Barcelona y socio de Guerrero y Cía. Abogados, ha planteado en su columnas que parece no tomarse en cuenta la magnitud del problema. “En los últimos años, han quebrado más de 150 constructoras, se han perdido miles de empleos en el sector, la venta de viviendas sigue disminuyendo y los ingresos de permisos de edificación siguen a la baja. Por otro lado, hay déficit habitacional”, sostiene.
“Si bien son principalmente consecuencia del estadillo social y la pandemia, muchas se han visto exacerbadas por leyes mal estructuradas que aumentaron los costos de construcción y por consiguiente el precio de las viviendas, transformándose en políticas públicas que generan un desincentivo a la inversión y en directo perjuicio del fomento de la actividad inmobiliaria y de la construcción”, añadió en el portal “Idealex.press”.
Entre las normas derogadas, los expertos enumeran el establecimiento de impuestos a la enajenación de inmuebles efectuados por personas naturales, la eliminación del crédito especial de IVA que beneficiaba a las constructoras y el establecimiento del IVA a la venta de inmuebles. A ello se suma la eliminación de los beneficios tributarios para las personas jurídicas y naturales respecto de la tercera vivienda DFL 2.
Tampoco se tomó en cuenta el daño que se iba a provocar al mercado de capitales con los retiros de fondos previsionales. Esto tuvo un impacto profundo y de largo plazo en el endeudamiento para tomar créditos hipotecarios con bajas tasas de interés. Por ello, pese a los recortes de los tipos de interés en Chile y el extranjero, las tasas hipotecarias difícilmente volverán a situarse bajo el 4% (hoy promedian el 4,88%).
“Lamentablemente, la reducción de la tasa de política monetaria que se acelerará en los próximos meses no tendría efecto sobre la tasa de crédito hipotecaria (en Chile), ya que ese crédito de largo plazo sigue aún muy afectado por los retiros de fondos previsionales”, señala Tomás Flores, economista de Libertad y Desarrollo y exministro de Economía.
Para los expertos del área es indispensable reestablecer normas que fomenten el ahorro y la inversión. “Volver a incorporar el beneficio de la depreciación instantánea (contemplado en la Ley 21.210), y reponer (aunque sea de forma transitoria), alguno de los beneficios referidos, que fueron eliminados en los últimos años, permitiría generar condiciones efectivas para el fomento de la adquisición de activos inmobiliarios”, indica Eduardo Correa.
Juan Pablo Echegaray, gerente comercial Exxacon Inmobiliaria, también ha sostenido a nuestro medio que faltan “incentivos tributarios que beneficien no solo a los usuarios finales, sino que también el ahorro y la inversión en propiedades para el caso de los inversionistas, quienes son responsables de una importante parte de la demanda”.
Javier Zulueta, abogado de GMOE y asesor en materias inmobiliarias y construcción, también propone “posponer la exención del beneficio tributario para las empresas constructoras, que progresivamente a partir de este año, se irá disminuyendo hasta eliminarse totalmente en 2027. Me refiero al Crédito Especial de las Empresas Constructoras conocido con la sigla CEEC”.
Este beneficio consiste en una rebaja del 65% del IVA y se eliminará definitivamente en 2027. Durante 2024 disminuirá a un 75%, al 50% el año 2025 y al 25% el año 2026.